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  • Susana Salinas

La Asamblea Legislativa Plurinacional está en puertas de analizar una de las propuestas legislativas más controvertidas de la historia democrática reciente del país. Se trata del proyecto, presentado por el diputado nacional Néstor Rodríguez (Alianza Unidad), que busca la creación de un sistema plurinacional de atención integral para las poblaciones en situación de calle. 

Sin embargo, el enfoque del debate dio un vuelco radical luego de la inclusión en su texto de medidas coercitivas de control de natalidad. La opinión pública y los organismos defensores de derechos humanos concentran su atención en la reaparición de prácticas selectivas de esterilización

EL NÚCLEO

La iniciativa legal tiene como objetivo formal el rescate de los ciudadanos sin hogar. El documento base establece la creación del Programa de Inserción Laboral de Apoyo (PILA). Este plan obliga a las empresas públicas estratégicas a destinar un dos por ciento de su planilla para este sector.

La propuesta también otorga incentivos fiscales a las empresas privadas con contratos formales para este sector. El plan permite descontar el cien por ciento de los costos de capacitación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). Sin embargo, expertos advierten un alto sacrificio fiscal para el Estado por esta medida. De igual forma, surgen dudas sobre la capacidad logística de las firmas estatales para absorber el personal obligatorio.

En el ámbito formativo, el proyecto autoriza el uso de la infraestructura de los Centros de Educación Alternativa (CEA) para programas exclusivos de capacitación técnica acelerada.

Además, la norma prevé la creación de una Historia Clínica Social Integral única y digitalizada para asegurar el seguimiento médico interinstitucional. El texto incorpora un enfoque intercultural con prioridad para el pueblo indígena Ayoreo, debido a su extrema vulnerabilidad demográfica y migratoria en los centros urbanos orientales. Deja de lado a otros sectores sociales.

ANTECEDENTES.

La exposición de motivos del proyecto expone cifras sobre la vulnerabilidad social del año 2023. Con base en estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), el documento señala que existen aproximadamente 18.000 personas sin hogar en todo el territorio nacional, de las cuales el 35 por ciento corresponde a menores de edad. 

El texto rescata que las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra concentran más del 60 por ciento de esta población afectada por la desintegración familiar y la crisis económica. No obstante, activistas observan la falta de datos reales y censados para esta gestión 2026, dado que el Censo Nacional de 2024 tampoco desglosó la cifra exacta de quienes pernoctan en sitios públicos habitualmente.

PROYECTISTA

Frente a la ola de críticas, el diputado suplente de la legisladora Gabriela Apaza, Rodríguez, salió en defensa de su propuesta ante los medios de comunicación y ratificó la necesidad de aplicar medidas drásticas.

El legislador alegó que el Estado tiene el “deber moral” de rescatar a estas poblaciones y que no se puede permitir la proliferación de familias enteras habitando en la intemperie. Rodríguez justificó la anticoncepción definitiva como un último recurso exclusivo para mujeres drogodependientes incapaces de sostener un hogar, bajo el argumento de evitar el nacimiento de niños en condiciones de extrema indigencia. 

Según sus declaraciones, el destino inevitable de estos recién nacidos en las calles es terminar en redes de explotación laboral, mendicidad o trata y tráfico de personas. El parlamentario aseguró que el texto base cuenta con respaldo técnico y jurídico de varios meses de trabajo, aunque se mostró abierto a sustituir el término “esterilización” por el uso de métodos anticonceptivos permanentes si se logra un consenso sin frenar el espíritu de asistencia que contiene el plan.

LA POLÉMICA

Pese a las aclaraciones del proponente, el debate público se concentra en dos disposiciones de carácter impositivo. El artículo 14 de la propuesta faculta a las autoridades competentes a disponer la internación obligatoria y el tratamiento forzoso de personas con dependencia severa a sustancias controladas, tras un dictamen médico y control judicial. 

Al respecto, expertos en salud advierten que el sistema público carece de la infraestructura y los profesionales necesarios para ejecutar internaciones masivas, por lo cual la medida corre el riesgo de derivar en arrestos ilegales o políticas de “limpieza social”.

La mayor controversia radica en el artículo 15. Este apartado establece la obligatoriedad de la esterilización y la anticoncepción definitiva forzada bajo control judicial en casos específicos de reincidencia o desamparo severo. 

Las críticas institucionales apuntan a que la solución plantea castigar a la víctima mediante la pérdida del derecho a decidir sobre su propio cuerpo, en lugar de capturar y desarticular a las mafias criminales de trata que operan en el país.Un rechazo institucional unánimeLas reacciones en contra de la medida no tardaron en aparecer. La Defensoría del Pueblo calificó la iniciativa como un retroceso peligroso para el Estado boliviano y advirtió que la norma incurre en la criminalización de la pobreza. 

De igual forma, colectivos de la sociedad civil y redes de derechos humanos tildaron la propuesta de eugenesia (intervenir en la reproducción para favorecer la transmisión de ciertos rasgos considerados deseables y eliminar aquellos considerados indeseables) selectiva, debido a que atenta de forma directa contra la autonomía corporal de las mujeres en extrema vulnerabilidad.
Legisladores de distintas bancadas políticas también manifestaron su oposición. Los parlamentarios recordaron que la Constitución Política del Estado garantiza de manera explícita los derechos sexuales y reproductivos en su artículo 66. 

Por tal motivo, una ley de este tipo vulneraría el derecho internacional, donde la esterilización forzada califica como un delito de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. Ante la intensa presión social e institucional, el diputado proponente anunció la apertura de mesas de trabajo técnicas para modificar los puntos observados, con el fin de evitar el archivo definitivo del programa de inserción social.