• Economía
  • Armin Copa

23/1/2026.- La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) gestiona un encuentro con el ministro de Trabajo, Edgar Morales, para evaluar la aplicación de los artículos 21 y 23 del Decreto 5516. El representante del gremio, Giovanni Ortuño, formalizó el pedido mediante una misiva enviada esta semana con el objetivo de analizar el impacto del nuevo Salario Mínimo Nacional en la estabilidad económica de las compañías. La patronal busca que las normas secundarias mitiguen posibles efectos negativos sobre la preservación de puestos laborales formales en el país.

El decreto vigente fija el ingreso básico en 3.300 bolivianos y deja el ajuste del haber básico sujeto a procesos de negociación directa entre empleadores y dependientes. Bajo este marco, el Ministerio de Trabajo asume un rol de supervisión y control posterior para garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Los empresarios manifiestan incertidumbre ante este escenario, pues consideran que el porcentaje definido compromete la solvencia de diversos sectores productivos que ya enfrentan una reducción en el consumo interno y dificultades financieras acumuladas.

La dirigencia privada propone que el reglamento final respete la realidad financiera de cada unidad productiva para prevenir cierres o despidos masivos. Según Ortuño, la prioridad institucional radica en la protección de la productividad y la sostenibilidad de las fuentes de empleo frente a las obligaciones económicas de inicio de gestión. La CEPB aguarda una respuesta pronta de las autoridades gubernamentales para establecer lineamientos equilibrados que permitan el desarrollo de las empresas y el bienestar de los trabajadores sin poner en riesgo la economía nacional.