“Mi papá me obligó a casarme”, “mi familia quiere que me junte”, “mis papás me botaron de la casa, me dijeron que vaya a buscar al que me ha embarazado”, “estoy casada por lo civil” son los testimonios de cuatro de las 487 adolescentes obligadas a casarse entre 2014 y 2018, según un informe oficial de la Defensoría del Pueblo.
Ante esta situación, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, anunció que solicitará investigar y establecer responsabilidades administrativas y penales entre los funcionarios que celebraron estas bodas y desconocieron las normas que protegen a las personas menores de 15 años.
El reporte de estos casos se hizo bajo la vigencia de la Ley 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar, que en su artículo 139 establece que “la persona podrá constituir libremente matrimonio o unión libre, una vez cumplida la mayoría de edad. De manera excepcional, se podrá constituir matrimonio o unión libre a los 16 años cumplidos, siempre que se cuente con la autorización escrita de quienes ejercen autoridad parental”.
“Hay que establecer las responsabilidades administrativas y penales, si fuera necesario, de aquellos funcionarios que hubiesen celebrado matrimonios con contrayentes de edades menores (12, 13, 14 y 15 años), que en todo caso podría ampliarse a los progenitores, quienes también serán incluidos dentro del proceso de investigación”, especificó.
En el informe de la Defensoría “Sueños interrumpidos”, presentado ayer se analiza la vulneración de los derechos de niñas y adolescentes mujeres a causa de matrimonios y uniones infantiles forzadas además del embarazo en estos grupos etarios.
La investigación también evidenció que en el periodo comprendido entre 2014 y 2023 hubo 4.804 matrimonios de adolescentes de 16 y 17 años. El 38 por ciento involucró a muchachas de 16 años y el resto, a jóvenes de 17 años.
“Gran parte de estas niñas y adolescentes mujeres atraviesan procesos de victimización en su entorno familiar, social e incluso institucional. Las instituciones estatales son las que permiten que niñas y/o adolescentes mujeres sin su pleno consentimiento contraigan matrimonio con hombres que les doblan o triplican la edad; tampoco les brindan atención integral cuando quedan embarazadas –producto de una agresión sexual– promoviendo y tolerando así maternidades infantiles forzadas”, reveló el Defensor del Pueblo.
Para evitar que en el futuro otras niñas o adolescentes sean forzadas a contraer matrimonios, en el informe defensorial se recomienda a las diferentes instituciones nacionales a concienciar a sus funcionarios sobre el rol que deben cumplir para proteger a esta población vulnerable, sobre todo a las autoridades de las alcaldías que tienen un elevado índice de embarazos, producto de estas uniones obligadas.
Callisaya Aro pidió que las investigaciones se orienten sobre las autoridades del Serecí y oficiales del Registro Cívico por vulnerar la legislación vigente y dar curso a estas uniones que no son permitidas por la ley.
Por: Wilma Pérez Soliz
