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  • Armin Copa

La Cancillería de Perú emitió un comunicado para aclarar la presencia de un funcionario diplomático en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que definió la suspensión del fiscal general Roger Mariaca. El Gobierno peruano rechazó la acusación de intromisión en asuntos internos de Bolivia y sostuvo que su representante asistió como «oyente».

Según el texto, las acciones del diplomático se limitaron a recabar información en una audiencia pública, en ejercicio de sus labores de representación. Perú también reafirmó su respaldo a la preservación del estado de derecho y a la consolidación de un gobierno constitucional elegido democráticamente.

La polémica estalló el viernes, cuando la senadora del PDC Ana Crispín denunció la presencia de un representante de Estados Unidos, a quien acusó de hacer pagos por QR a legisladores para sumar apoyo a la propuesta del oficialismo sobre Mariaca. Según la legisladora, también había enviados de Argentina y de otro país interesados en el caso.