• Economía
  • Gregory Beltrán

27/4/2025.- Además de las negociaciones salariales que llevan adelante las autoridades del Gobierno y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) también están en agenda otras demandas presentadas al presidente Luis Arce, entre las que se encuentra el pedido para que se modifique la actual Ley de Pensiones, que en diciembre cumplirá 15 años de vigencia y que tuvo a lo largo de este tiempo una serie de modificaciones que los jubilados consideran que no son suficientes, por lo que se tiene previsto que el próximo mes se lleve adelante la Cumbre de la Seguridad social de Largo y Corto Plazo, evento en el que debatirán propuestas que elaboraron varios sectores.

Algunas propuestas

La actual Ley 065 de Pensiones fue promulgada en diciembre de 2010. Esta normativa crea el Sistema Integral de Pensiones (SIP) que garantiza “el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y sostenible”, dijo en su momento el actual presidente Luis Arce quien, en su calidad de ministro de Economía, destacó el incremento de la cobertura de asegurados, el incremento de las recaudaciones, además que “incluye políticas de equidad de género que permiten a las mujeres reducir el requisito de edad de jubilación por cada hijo nacido vivo”, entre otros puntos.

El dirigente de la Confederación de Jubilados, Rodolfo Ayala, destacó la importancia de “tener una nueva Ley de Pensiones para sostener la economía de nuestros compañeros, porque lamentablemente, hay quienes sobreviven pues la canasta familiar ha subido en gran proporción” y confirmó la realización del Congreso de la Seguridad Social de Corto y Largo Plazo que se realizará entre el sábado 8 y el lunes 10 de mayo.

Entre algunas propuestas de debate está el mantenimiento de valor de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), que sirve de parámetro para el incremento anual de las pensiones. La propuesta de incrementar la Renta Dignidad. 

Actualmente por este concepto se paga a las personas mayores de 60 años 300 y 350 bolivianos a quienes no reciben una pensión. A esto se suma el tratamiento de los gastos funerarios, el cálculo de la jubilación y sus beneficiarios.

Los jubilados, al igual que otros sectores, como los mineros, también proponen su participación en la Directiva de la Gestora Pública y la posibilidad de fiscalizarla.