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Tres de las principales organizaciones sociales en Argentina que canalizan parte de la asistencia social destinada a los sectores más vulnerables están bajo investigación de la justicia federal por presunta extorsión a beneficiarios para obligarlos a participar en protestas callejeras, en un caso cuyos detalles se dieron a conocer el lunes. La pesquisa fue impulsada por el gobierno del Presidente Javier Milei a partir de denuncias recibidas en una línea telefónica gratuita habilitada el 19 de diciembre pasado, justo un día antes de que se realizara la primera movilización de organizaciones sociales contra la política de ajuste lanzada por el Mandatario. La investigación se dio conocer el lunes a través de un comunicado difundido por la Presidencia argentina, luego de que el fiscal federal del caso, Gerardo Pollicita, ordenara 27 allanamientos en el marco de la causa. En tanto que una resolución de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que avaló los procedimientos, también dio detalles de la investigación. Cerca de una treintena de dirigentes de las organizaciones izquierdistas Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha fueron imputados por supuestamente haber exigido “coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan (subsidio)’, conformando un total de 924 casos”, según un dictamen de ese tribunal. “La extorsión tiene consecuencias”, resaltó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la red social X. “Esta es la primera vez en la historia en donde se allanan a las organizaciones que extorsionaban a las personas para ir a las marchas. Todo esto es información que recibimos en la Línea 134... Se acabó esto de aprovecharse de la gente para financiar sus negocios espurios”.
Por: REDACCIÓN con datos de agencias