17/2/2025.- En los últimos años, en medio del rápido posicionamiento de los vehículos eléctricos como uno de los más importantes mecanismos se sustitución de la matriz energética en la mayoría de los países de los 5 continentes, el litio emergió como un recurso estratégico altísima demanda en el contexto de la transición energética mundial. Nuestro Estado, poseedor de las mayores reservas de litio del mundo, nuevamente enfrenta el desafío de lograr transformar su riqueza mineral en desarrollo industrial sostenible. 

En este contexto, el contrato suscrito entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y Hong Kong CBC Investment Limited establece un esquema de explotación y procesamiento de litio en el Salar de Uyuni, esto plantea un complejo panorama de implicaciones jurídicas, económicas y ambientales. Hoy analizo las condiciones del contrato mencionado y su impacto en la soberanía, gobernanza de recursos naturales y desarrollo económico del país.

El contrato firmado entre YLB y CBC Investment Limited define como objeto la implementación de una Planta de Extracción Directa de Litio (EDL), bajo un esquema donde CBC asume la inversión y operación, mientras que YLB provee la salmuera residual para su procesamiento.

La duración del contrato es de hasta 42 años, dependiendo de la implementación de fases adicionales. En la primera fase se estima una producción de 10.000 toneladas de carbonato de litio al año, con una expansión futura de hasta 15.000 toneladas adicionales. 

La retribución a CBC se realizará en especie, es decir, recibirá una fracción de la producción total (se llevarán parte de la producción porque ellos sí producen baterías). El litio extraído sigue siendo propiedad del Estado boliviano, conforme al Artículo 349 de la Constitución Política del Estado.

El contrato se ajusta a la normativa boliviana y garantiza que la propiedad del recurso sigue bajo control estatal (candado constitucional). No obstante, el modelo de operación plantea preocupaciones sobre la capacidad real de Bolivia para desarrollar tecnología propia y la posible dependencia tecnológica de CBC. Por otro lado, el pago en especie podría limitar la liquidez inmediata de YLB, afectando los ingresos estatales. 

YLB debe pagar las regalías e impuestos derivados de la producción, mientras que CBC recibirá un pago fijo de USD 1.700 por tonelada producida, asegurando su retorno de inversión sin asumir riesgos de mercado. No se establece una cláusula de transferencia tecnológica efectiva (¿error o estrategia?), lo que limita la posibilidad de que Bolivia desarrolle una industria nacional del litio a largo plazo.

CBC mantiene la propiedad intelectual de su tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), otorgando a YLB una licencia no exclusiva y no sublicenciable. Para que usted comprenda, esto implica que Bolivia no podrá exportar esta tecnología ni replicarla sin el consentimiento de CBC. 

En caso de terminación del contrato, la infraestructura podría quedar inoperativa sin acceso a la tecnología, lo que refuerza la dependencia de YLB respecto a CBC para cualquier ampliación o mejora tecnológica, por esto último en mi criterio es un contrato leonino que beneficia a una sola de las partes.


En otras partes, el contrato exige la realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pero no establece sanciones específicas en caso de incumplimiento (¿por qué?). El consumo de agua en la extracción de litio sigue siendo una preocupación crítica, además que no se define un mecanismo de compensación para comunidades afectadas por la explotación. 

En cuanto a la resolución de controversias, el contrato establece que cualquier disputa será resuelta mediante arbitraje en la Cámara Nacional de Comercio de La Paz. Aunque esto protege la soberanía legal de Bolivia, no está establecido qué ocurre en caso de que CBC decida unilateralmente terminar el contrato por cambios en la legislación boliviana.

El contrato garantiza la propiedad del litio a Bolivia, pero otorga a CBC un alto grado de control operativo y tecnológico. El pago en especie limita la liquidez de YLB y podría afectar la sostenibilidad financiera del proyecto. No se asegura una transferencia tecnológica efectiva, lo que perpetuaría la dependencia tecnológica extranjera. 

Los impactos ambientales no están suficientemente regulados, lo que podría generar conflictos con comunidades locales. El arbitraje local es positivo para la soberanía legal, pero no protege completamente a Bolivia ante una salida unilateral de CBC.

Finalmente, es fundamental revisar las cláusulas de transferencia tecnológica para asegurar que Bolivia pueda desarrollar tecnología propia a mediano plazo. Es recomendable renegociar el pago en especie para incluir una compensación monetaria parcial que garantice ingresos inmediatos al Estado. 

Deben fortalecerse las cláusulas ambientales estableciendo mediante el contrato sanciones claras en caso de incumplimiento, además de asegurar una mayor participación local en el proyecto, garantizando empleo y beneficios económicos directos para las comunidades afectadas. Por último, es necesario establecer una garantía de cumplimiento que evite que CBC abandone el proyecto sin consecuencias económicas para la empresa ni resarcimiento de daños al Estado.

El contrato con CBC representa un paso adelante en la explotación del litio boliviano, pero plantea retos importantes en términos de soberanía, transparencia y beneficios económicos en el largo plazo. 

Si el objetivo es maximizar los beneficios para Bolivia, entonces debe ser fundamental renegociar ciertas condiciones y fortalecer los mecanismos de regulación y fiscalización del proyecto.