María tenía once años cuando uno de los profesores de su comunidad la llevó a su cuarto con engaños, le tapó la boca con una colcha y abusó de ella. Para que la niña de la etnia awajún callara, la amenazó de muerte. Sin que nadie se enterara, poco después el agresor se marchó del pueblo nativo Tutino del distrito Cenepa, provincia Condorcanqui, Amazonas, una región peruana de la selva norte que colinda con Ecuador.
Envalentonado por la impunidad, el sujeto volvió cuatro años después, a mediados de 2015, para hundir a María en el terror. La violó nuevamente, la embarazó e hizo que repitiera segundo de secundaria, según el diario El País.
El bebé no nació, pero la vida de María se quedó suspendida en el dolor. Ella es una de las 524 estudiantes (varones y mujeres) de la provincia Condorcanqui que entre el 2010 y el 2024 padecieron algún tipo de violencia sexual de parte de sus profesores, promotores educativos o personal administrativo de sus colegios.
El ministro de Educación, Morgan Quero, sostuvo que las violaciones en la amazonía son “una práctica cultural para ejercer una forma de construcción familiar” y que por ello serían muy prudentes en cómo encarar el asunto. Sus declaraciones enervaron a la población y desataron una nueva crisis en el Gobierno. La ministra de la mujer, Ángela Hernández, respaldó sus palabras y aconsejó a las adolescentes a “postergar sus relaciones sexuales” y, en el caso de que las tuvieran, les pidió que se protegieran. De inmediato, diversas organizaciones indígenas emitieron comunicados en rechazo, remarcando que emplear la cultura como excusa es una forma de perpetuar la impunidad y de invisibilizar la gravedad de estos delitos.
En septiembre del 2023, una alumna de sexto grado, donde cuenta que un profesor le ofreció 130 soles (35 dólares) por tener relaciones sexuales y otros 50 soles (13.5 dólares) para los gastos de su fiesta de promoción de primaria. Otra estudiante, de quince años, notificó que no iba a clases porque su tutor le dijo que quería que fuera su enamorada y no se había quedado tranquilo con su “no” de respuesta. Hay un patrón en estos delitos de hostigamiento y violencia sexual: la mayoría han sucedido en residencias estudiantiles, ideados para los chicos que viven en los lugares más remotos. No obstante, en la práctica, sin contar con la infraestructura debida, se han convertido en espacios donde quedan a merced de los depredadores sexuales.
La problemática se pone más compleja todavía si se toma en cuenta que en varias comunidades awajún todavía se rigen bajo un precepto: a un miembro del pueblo no se le denuncia ante la Fiscalía ni la Policía, sino ante el apu, quien determina sanciones indulgentes como encerrar al culpable en un calabozo por algunos meses o multarlo con montos entre 2 mil y 5 mil soles (entre 540 y 1350 dólares).
La Prensa
