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El político opositor boliviano Branko Marinkovic envió una solicitud a la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, pidiendo que se inicie una investigación sobre supuestos delitos cometidos por Evo Morales durante su asilo en Argentina en 2020. Marinkovic argumenta que, conforme a la legislación argentina y los tratados internacionales de protección a menores, las autoridades deben actuar de oficio ante posibles abusos, basándose en la Ley 27,455, que establece que los delitos sexuales contra menores son de instancia pública y pueden investigarse sin denuncia formal.
La solicitud de Marinkovic incluye la declaración de Angélica Ponce, exdirigente de las mujeres interculturales, quien asegura que Morales convivía con menores durante su estancia en Argentina, afirmando que "muchos dirigentes fueron testigos" y los instó a denunciarlo. Ponce también recordó el caso de Noemí, una menor con quien Morales habría mantenido una relación en ese período, provocando indignación pública en Bolivia, aunque el caso no prosperó en instancias judiciales.
La solicitud de investigación llega en un momento en que Argentina dio por finalizado el estatus de refugiado de Evo Morales, otorgado en 2019 tras su salida de Bolivia en medio de la crisis política por el fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA). En un comunicado reciente, el Ministerio de Justicia de Argentina señaló que el refugio fue utilizado políticamente, sin cumplir los requisitos legales necesarios.
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