- Sociedad
- Wilma Pérez
La Asamblea Legislativa Departamental de La Paz (ALDLP) se encuentra en el ojo de la tormenta, tras la decisión de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), de rechazar dos peticiones de informe cruciales sobre minería ilegal y contaminación ambiental.
La denuncia, hecha por la asambleísta Andrea Echeverría, de la comisión de Madre Tierra y Medio Ambiente, advierte de un riesgo inminente para la salud de los habitantes del departamento de La Paz.
Según Echeverría, los informes rechazados documentan inspecciones oculares realizadas en zonas críticas, específicamente cerca la represa de Incachaca y los ríos Solacama y Jukumarini.
“Presentamos fotografías en las que se observa la contaminación del agua cerca de la represa; estuvimos con activistas que constataron el daño”, afirmó la legisladora, quien subrayó que la negativa vulnera el derecho al consumo de agua pura.
“Nos llenamos de metales; de aquí a un tiempo tendremos personas con cáncer”, sentenció.
El reporte fotográfico de las inspecciones realizadas entre agosto y diciembre de 2025 respalda estas denuncias. Los hallazgos en campo son alarmantes, desde el almacenamiento de 10 mil litros de combustible sin medidas de seguridad en áreas mineras, hasta la descarga directa de sedimentos y drenaje ácido de minería en ríos que abastecen a comunidades locales.
En el río Jukumarini, incluso se verificó el corte de tuberías de agua para favorecer la actividad extractiva.
La situación cercana a la represa de Incachaca es especialmente grave.
El activista ambiental, Francisco Prada, quien acompañó a las inspecciones y observó el proceder de los asambleístas, lamentó que los representantes del departamento no velen por la salud de sus votantes, al igual que de los recursos naturales como agua, fauna y flora.
En tanto que el director de Gobernabilidad del municipio de La Paz, Gonzalo Barrientos, en una entrevisita anterior, alertó sobre empresas que operan ilegalmente en proximidades de la represa de Incachaca. “Pese a las denuncias ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la falta de respaldo político en la Asamblea Departamental impide que se tomen acciones fiscalizadoras de mayor alcance”, dijo.
La resistencia a aprobar los informes no sólo oculta la presencia de maquinaria pesada y campamentos precarios en cuencas estratégicas, sino que deja en la indefensión a una población que, sin saberlo, consume agua bajo la sombra de los metales pesados.