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  • Susana Salinas

Por unanimidad, líderes de los pueblos indígenas asentados desde tiempos inmemoriales en el Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro Sécure (Tipnis), llegarán este fin de semana a La Paz para exigir al Gobierno que cumpla las promesas de tierra y territorio, una aspiración que lleva décadas.

“Nuestra demanda a flor de piel en este momento es el tema agrario”, dijo Simón Muiba, secretario de Tierra y Territorio de la Subcentral de Cabildos Indigenales.

En una asamblea realizada el pasado 28 de agosto, los indígenas de esa región amazónica del Beni identificaron la necesidad de reclamar la propiedad del bosque tsimane, la antigua concesión forestal Pa’tsene o Proinsa, una empresa privada, para el territorio indígena  tsimane y la titulación de tierras fiscales para dotación territorial a los pueblos indígenas cavineños, mojeños y movimas.

“Supuestamente ya se concluirá el saneamiento en tierras bajas en 2025, pero nos despierta preopcupación, porque aún no se terminaron de consolidar nuestros territorios”, dijo. 

Como respuesta a “un proceso que lleva años sin solución”, el representante indígena dijo que “llegó la hora histórica de exigir y demandar  el pleno ejercicio constitucional de nuestro derecho a la tierra”.

En septiembre de 1990, bajo la presidencia de Jaime Paz Zamora, se promulgó el Decreto Supremo 22611, que en su artículo 1 indica: “Se declara a la región de chimanes como área indígena, constituyendo el espacio socioeconómico para la sobrevivencia y desarrollo de las comunidades y asentamientos indígenas chimanes, mojeños, yuracarés y movimas que lo habitan”, mientras que en el artículo 2 se lee: “Se entiende por área indígena el espacio destinado de manera permanente para la vida y desarrollo de las poblaciones indígenas que lo habitan, donde éstas realizan el aprovechamiento tradicional de los recursos hídricos, tierra, fauna y flora, y donde no se otorgarán ningún tipo de propiedad o aprovechamiento sobre los recursos a terceros. Las propiedades de terceros legalmente establecidas con anterioridad al presente Decreto Supremo, deberán sujetarse a una reglamentación especial que regulará el uso de los recursos y sus relaciones con la población indígena”, pero Muiba subrayó que “nada se cumplió” de esa disposición.  

Recordó que el acuerdo gubernamental consistía en que tras la reversión de las concesiones forestales madereras se iba a devolver territorios a los indígenas. 

“Cuando las concesiones madereras caducaron con la extracción de los recursos naturales y tras la ampliación de un tiempo que se les concendieron, inmediatamente, el Estado debió dotar esos territorios a las naciones indígenas. No tenían que pasar a ser tierras fiscales, pero se dio ese paso”, protestó.

Exigen la entrega de títulos al territorio indígena multiétnico y los predios: La Pascana, Providencia, Los Olivos, El Pororó y Florida a los mojeños; así como resoluciones finales sobre los predios Cristo Rey, Ignacianita, El Carmen, San José, San Andrés y otros.