En Bolivia se detectó que funcionan farmacias sin autorización concedida por los servicios departamentales de Salud (Sedes), pero donde más se observa esta problemática es en la ciudad de El Alto, donde de aproximadamente 2.200 establecimientos, unos 1.500 son ilegales y solo 700 operan con autorización y dentro del margen legal.
La vicepresidenta de la Asociación Nacional de Profesionales Propietarios de Farmacias (Anprofar), Maritza Mancilla, explicó que éste es un problema que se observa a escala nacional.
Insistió en que aquellos locales que no son atendidos por un profesional, se produce un atentado contra la salud de la población. “Por ese mismo motivo es que se va a debatir en mesas técnicas hasta encontrar soluciones y frenar la proliferación de farmacias ilegales que no son atendidas por un profesional”, apuntó. Aclaró que representa a un sector legalmente establecido.
Consultado sobre el particular, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que se analizará esta temática en un encuentro nacional con todas las entidades involucradas, como el Gobierno, los propietarios de farmacias, gobernaciones y otros. En ese encuentro se definirá los mecanismos de control, los precios de los medicamentos y otros aspectos que tienen relativos a la atención en estos establecimientos de salud.
También se aprobará las medidas necesarias para frenar el ingreso de medicamentos de contrabando y que se venden de forma indiscriminada y peligrosa en mercados populares.
Silva señaló que habrá controles permanentes para detectar a las farmacias ilegales, a fin de que en coordinación con autoridades departamentales, esos locales sean clausurados.
EL CASO DE EL ALTO
En tanto, Álvaro Mancilla, representante de la Asociación de Profesionales Propietarios de Farmacias (Asprofar) de El Alto, informó que detectaron que desde un tiempo a esta parte se detectó la proliferación de las boticas ilegales.
Establecieron que éstas son más de 1.500, mientras que sólo 700 tienen autorización. Nos preocupa que haya establecimientos que sean atendidos hasta por personas menores de edad y por personas ajenas a la profesión. Tenemos un caso en la zona de San Roque, donde en una farmacia se puede comprar pan y carne de pollo, afirmó Mancilla.
Uno de los problemas con los que se tropieza para ejercer controles es que estos negocios clandestinos operan por las noches.
“Las autoridades arguyen que no existe el personal suficiente para realizar los controles, pero nos sorprende esto porque en un caso específico como el de la persona que atiende un frial, una tienda de abarrotes y una farmacia en el mismo local, afronta un proceso por este hecho”, pero el trámite no evoluciona.
Por: Gregory Beltrán
