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  • Wilma Pérez

La influencia de la industria tabacalera sobre las decisiones públicas no siempre se presenta como una presión directa. Puede llegar mediante patrocinios, actividades de responsabilidad social empresarial, beneficios fiscales o reuniones con funcionarios, aspectos que ponen al país bajo la sombra de la nicotina. 


En Bolivia, esas prácticas coinciden con debilidades en los mecanismos de transparencia y prevención, según el IV Índice Regional de Interferencia de la Industria Tabacalera 2025. En la evaluación que analiza cómo los gobiernos protegen sus políticas de salud frente a los intereses comerciales del sector. El el país obtuvo 76 puntos, está en franja roja. 


El informe identifica problemas en el control de los contactos entre autoridades y representantes empresariales, los posibles conflictos de interés y las medidas destinadas a impedir que la industria influya en las decisiones estatales.


La evaluación, coordinada por Corporate Accountability y el Global Center for Good Governance in Tobacco Control, comprende información del periodo 2023-25. La herramienta de vigilancia de la sociedad civil examina la aplicación del artículo 5.3 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco.


Si bien Bolivia cuenta con la Ley 1280 de Prevención y Control al Consumo de los Productos de Tabaco y su normativa reglamentaria, la existencia de la norma no garantiza, por sí sola, que las autoridades las cumplan ni que las decisiones públicas permanezcan al margen de intereses comerciales.


Karina Garrón, directora regional de la Fundación Bolivia Saludable (FBS), afirmó, en la presentación del índice, que el desafío consiste en asegurar la aplicación efectiva de las normas y fortalecer las medidas de protección frente a la interferencia de la industria tabacalera.


El diagnóstico regional señala que Bolivia presenta una estrecha colaboración entre el Estado y el sector tabacalero en actividades de responsabilidad social empresarial. También identifica políticas favorables a la industria, como beneficios fiscales y promoción en eventos comerciales, además de interacciones innecesarias entre funcionarios y representantes empresariales.


A estos problemas se suma la falta de controles suficientes sobre los contactos institucionales. El índice también advierte sobre los conflictos de interés y debilidades regulatorias en los vínculos entre funcionarios públicos y la industria. Estos hallazgos no son, por sí mismos, una prueba de corrupción o de una decisión concreta adoptada en favor de una empresa tabacalera. 


Érick Ovando, coordinador de Jóvenes y Desarrollo Tecnológico de la FBS, explicó que la influencia empresarial puede expresarse bajo argumentos  de innovación, reducción de daños, empleo, desarrollo económico o sostenibilidad. También puede recurrir a patrocinios y acciones de responsabilidad social que proyectan una imagen favorable de las compañías.


Ovando dijo que el problema aparece cuando esas relaciones generan conflictos de interés o debilitan las políticas de salud pública. La preocupación aumenta ante la expansión de cigarrillos electrónicos y otros productos con nicotina, que son nuevos desafíos para prevenir el inicio del consumo y la dependencia, entre niños, adolescentes y jóvenes.


Ovando propuso identificar las medidas pendientes, establecer los obstáculos que frenan su aplicación, mejorar la coordinación entre instituciones y definir una hoja de ruta con responsables y plazos concretos.