La población penal crece 4 % en siete meses

15/9/2025.- En siete meses, la cantidad de privados de libertad que permanecen en las diferentes cárceles del país aumentó de 32.035 a 33.275; es decir, la población penal se incrementó en un 4 por ciento, según datos del boletín “Régimen Peniteciario”, del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD).

“Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, la cantidad de personas privadas de libertad aumentó (...) Es un incremento del 3,87 por ciento durante ese periodo”, señala el informe

Los datos dan cuenta de que en 2021 había 18.703 reos en los penales del país, en 2022 eran 24.824; y en 2023, 28.838. 

De acuerdo con el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, Bolivia atraviesa una emergencia penitenciaria, ya que se tiene una población de cerca de 18.500 personas detenidas preventivamente, lo que contribuye directamente al hacinamiento carcelario. Los datos del OBSCD establecen la existencia de 19.375 detenidos preventivos y 13.900 sentenciados, en el periodo.

“Tenemos personas que llevan años sin condena, sin que se les pruebe si son culpables o inocentes. Hay privados de libertad en abandono judicial total. Eso es una aberración”, enfatizó la autoridad nacional.

Aseguró, además, que hay unas 11 mil personas que ya pasaron más de un año bajo detención preventiva, 7.000 que superan los dos años con este dictamen, y cerca de 4.500 que han sobrepasado los plazos procesales; es decir, tres años. “Incluso hay casos de detención preventiva de cuatro, cinco y hasta nueve años sin resolución judicial. Eso es una aberración”, insistió Limpias.

Santa Cruz es el departamento que más privados de libertad tiene a junio de este año, con el 36 por ciento, le sigue La Paz, con el 20 por ciento y Cochabamba con el 14. Pando es el departamento con menos reclusos, con el 2 por ciento.

El 17 por ciento de los privados de libertad están en esta condición por haberse visto involucrados en casos de violación a niño, niña o adolescente; el 15 por ciento, a temas relacionados con el narcotráfico, y el 13, por violación y violación agravada. Otros delitos comunes son robo y robo agravado, abuso sexual, violencia doméstica, asesinato, feminicidio, homicidio, estupro y asistencia familiar, entre otros.

Asimismo, el 91 por ciento son reclusos de sexo masculino, y el 9 %, mujeres. La mayoría de los reos tiene entre 29 a 59 años de edad, un segundo grupo está compuesto por personas de 18 a 28 años y los mayores de 59 años.

Sobre el tema, el defensor del Pueblo, Pedro Callizaya, mostró su preocupación por la retardación de justicia. “La detención preventiva debería ser máximo seis meses y que no se pueda obstaculizar. Transcurrido ese tiempo, la autoridad judicial debería revisar esta medida”, dijo la autoridad.

En agosto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un instructivo para la revisión de los plazos de detención preventiva de Luis Fernando Camacho, Jeanine Áñez y Marco Pumari, tres ciudadanos privados de libertad. Esto generó molestia entre la población carcelaria de todo el país, que se declaró en estado de emergencia y denunció privilegios para algunos, frente a miles que esperan que se definan sus procesos.

Callisaya recordó, que desde 2022, la Defensoría del Pueblo pide al TSJ incrementar las jornadas de descongestionamiento y acciones conjuntas, con el Ministerio Público, en procura de reducir el hacinamiento carcelario y denunciar el empleo excesivo de la detención preventiva.