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La presidenta Dina Boluarte fue denunciada constitucionalmente por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, como autora de delito de cohecho pasivo impropio (soborno), según un documento difundido el lunes. La acusación, presentada el viernes 17 ante el Congreso, deberá ser evaluada por la Comisión Permanente, la cual determinará si hay suficientes indicios para admitirla.
Las consecuencias
En caso de ser aceptada, se creará una Subcomisión de Acusaciones Constitucionales encargada de investigar y emitir un informe, que posteriormente será debatido y votado por la Comisión Permanente. Si se aprueba, el pleno pasaría a revisarla, lo que podría derivar en la suspensión, destitución de la mandataria y un juicio político.
“De conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Constitución […], así como en el artículo 450 del Código Procesal Penal, […] interpongo denuncia constitucional contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra […] como presunta autora del delito contra la administración pública […] en la modalidad de cohecho pasivo impropio”, se lee en el documento enviado por Villena al presidente del Parlamento, Alejandro Soto.
De acuerdo con el documento fiscal, los artículos de lujo entregados por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a la presidenta —entre ellos tres relojes Rolex y una pulsera Bangle con 94 brillantes— fueron una contraprestación para que emitiera una serie de decretos que beneficiaban a esa región mediante el aumento de sus partidas presupuestarias.
El documento
La Fiscalía determinó que las joyas utilizadas por Boluarte, tasadas en aproximadamente 32 mil dólares, representan “el cuerpo del delito” y que la aceptación de estas “donaciones” constituye un “modus operandi” de acciones ilegales que implican un abuso de su función pública.
Entre 2022 y 2024, el Gobierno Regional de Ayacucho presentó 144 solicitudes de presupuesto adicional, de las cuales 45 fueron aprobadas. En la gestión de Boluarte, ocho de estas peticiones recibieron luz verde a través de seis decretos supremos y dos decretos de urgencia.
El Ministerio Público interpreta estas autorizaciones como “evidencia del ejercicio de poder” en favor de Ayacucho. Villena sostiene, además, que el papel de Boluarte fue crucial para asegurar el presupuesto regional. El destape del caso, conocido como ‘Rolexgate’, la llevó a devolver los artículos de lujo y a guardar silencio, actitud que ha mantenido invariable desde que se conoció el caso.
DECLARACIÓN
En tanto, un informe de la agencia EFE da cuenta de que Boluarte, acudió ayer a declarar en el despacho del fiscal Juan Carlos Villena, para ser interrogada sobre la desactivación de un equipo policial anticorrupción horas antes de que arrestara a su hermano Nicanor, un caso por el que es investigada por posible obstrucción a la justicia.
Con un fuerte resguardo policial, la gobernante asistió al despacho del Fiscal General, en el centro de Lima, como parte de la investigación que se le ha abierto por una presunta obstrucción judicial.
El abogado de la presidenta en este caso, Juan Carlos Portugal, declaró que Boluarte no guardó silencio ante Villena, aunque dijo que espera que el Ministerio Público mantenga la reserva del caso.
Por: INFOBAE y EFE