- Economía
- Armin Copa
La Sala Constitucional Segunda de la ciudad de El Alto concedió una tutela en favor de una acción popular interpuesta contra las autoridades del sector hidrocarburos. El fallo judicial establece que el Ministerio del ramo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos deben asegurar la provisión de gasolina bajo estándares óptimos. Esta determinación surge ante las denuncias sobre las deficiencias en el insumo distribuido en el mercado nacional.
La resolución otorga un periodo de diez días hábiles para que las instituciones estatales diseñen y ejecuten un plan de contingencia y prevención técnica. El objetivo de esta medida radica en la protección de los derechos de los consumidores y la mejora inmediata en la adquisición del producto. Asimismo, la justicia fijó un lapso de quince días para que los responsables activen los seguros correspondientes y mecanismos de reparación integral para los afectados.
El senador Wilder Veliz advirtió que el incumplimiento de estos plazos perentorios derivará en el inicio de procesos penales contra los funcionarios implicados. La sentencia busca que el Estado asuma la responsabilidad por los perjuicios ocasionados a los vehículos y a la economía de los usuarios. Con esta medida, los demandados quedan bajo estricta vigilancia judicial para transparentar la gestión energética y cumplir con las normas de calidad vigentes.