- Seguridad
- Armin Copa
Un juez cautelar dispuso el traslado de Ramiro V., exgerente ejecutivo de la empresa estatal B-Agro, al centro penitenciario de San Pedro por un lapso de dos meses. La fiscal Magaly Bustamante notificó que el exfuncionario enfrenta cargos por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Las pesquisas sobre el manejo financiero de la entidad, creada en 2022 para garantizar la seguridad alimentaria, señalan irregularidades administrativas de magnitud desde su fundación.
La auditoría al organismo estatal reveló deudas que superan los 21 millones de bolivianos y un saldo bancario crítico inferior al millón de bolivianos. Entre las anomalías detectadas resalta el pago indebido de un salario de Bs 17.000 a un exjefe de la Gerencia Pecuaria hasta finales de 2024, pese a que dicha unidad cerró sus puertas en abril de ese mismo año. Además, la institución arrastra sueldos pendientes de pago y compromisos financieros que comprometen el patrimonio inicial de 140 millones otorgado mediante decreto.
El Ministerio Público amplió la investigación a siete personas, entre las cuales figuran tres exministros de Desarrollo Rural y Tierras que ejercieron funciones entre 2021 y 2025. Las autoridades fiscales prevén nuevas citaciones en los próximos días para determinar el grado de responsabilidad de otros implicados. El proceso busca esclarecer el destino de los recursos públicos y el origen de la crisis operativa de esta firma estratégica dedicada al acopio de semillas y productos agropecuarios.