- Economía
- Armin Copa
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) oficializó el despido de 410 empleados en el marco de una reestructuración interna. Según el boletín institucional, la administración identificó irregularidades graves, tales como la asignación de parientes en puestos estratégicos y movimientos de personal jerárquico a cargos inferiores para evitar controles. Muchos de estos excolaboradores enfrentan ahora procesos legales y medidas cautelares por comprometer la eficiencia de las operaciones de la petrolera.
El presidente de la compañía, Yussef Akly Flores, explicó que estas medidas buscan corregir deficiencias técnicas heredadas de gestiones pasadas. La auditoría interna reveló que la anterior administración designó de manera anómala a personas vinculadas al partido de gobierno en comités de seguridad y bienestar para otorgarles protección laboral. La gerencia actual trabaja en la anulación de estos nombramientos para garantizar que la estructura responda a criterios profesionales y no a intereses políticos.
La empresa estatal también vinculó estas fallas de personal con los recientes problemas en la calidad de los combustibles, que derivaron en daños mecánicos para varios usuarios. La directiva calificó estos eventos como un plan de sabotaje interno diseñado para generar inestabilidad. Ante este escenario, YPFB anunció que mantendrá la revisión de perfiles profesionales en toda su planilla y aplicará sanciones penales contra los responsables de cualquier perjuicio económico o técnico al país.