El Gobierno acaba de ganar una guerra, probablemente la más complicada de todas y ahora corresponde deslindar responsabilidades y sancionar a quienes resulten ser los culpables, aunque queda la sensación de haber sufrido una terrible derrota.
Los datos son estremecedores. Hubo, en el peor momento, 36.800 focos de calor, el 97 por ciento de los cuales se ubicaron en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
Algunos cálculos dan cuenta de que se quemaron 10,1 millones de hectáreas. Si se considera que la superficie total de Bolivia es de poco más de 109 millones de hectáreas se llegará a la conclusión de que alrededor del 10 por ciento del territorio nacional ha quedado destruido por el fuego.
El costo de la devastación no será calculado en el corto plazo, sino que sus efectos se sentirán dentro de muchos años.
Un biólogo destacado y respetado que trabaja en Tarija estima que 10 millones de animales —aves, anfibios, reptiles, peces, mamíferos— han muerto por acción del fuego o la contaminación de las fuentes de agua.
Repoblar las especies forestales demandará cinco siglos, de acuerdo con una publicación de LA PRENSA. Es un desastre de —nunca mejor empleado el término— proporciones dantescas, por lo que los bolivianos hemos vivido durante más de tres meses ha sido un verdadero infierno.
Es preciso, que se pongan en vigencia disposiciones legales que prohíban la dotación de tierras, que hayan sido arrasadas por las llamas, a agroindustriales y colonizadores o interculturales, como han dado en llamarse de unos 20 años a esta parte, que son los sectores sospechosos por excelencia de haber iniciado el fuego.
Es imprescindible que, el Estado —no sólo el Gobierno— preste protección a las comunidades indígenas que han sido las principales víctimas de la irracionalidad y es necesario aplicar sanciones proporcionales, claro está, a los pequeños agricultores y campesinos que chaquean sus tierras y pierden el control de los incendios que inician y deben las autoridades de Desarrollo Rural que proporcionen ayuda a este sector para el desmonte de sus tierras, pues así se protegerá el medioambiente y desde el Órgano Ejecutivo se dará impulso a la soberanía y seguridad alimentaria del país.
