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- LA PRENSA
Esas noticias que llegan de la Villa Imperial son escalofriantes. Un informe del vocero del Comando Departamental de la Policía de Potosí da cuenta de que 82 personas han perdido la vida en socavones de minas durante esta gestión.
El diario El Potosí reporta que tres personas menores de edad y cinco mujeres fallecieron en accidentes producidos en interior mina, donde las condiciones de seguridad industrial deberían redoblarse para evitar todo tipo de percances.
Llaman la atención los decesos de adolescentes, casi niños quienes —se sabe— destinan sus vacaciones de invierno o de fin de año para trabajar en las minas y colaborar, de esa manera, con la manutención de sus hogares.
La situación es dramática. La necesidad impulsa a quienes comienzan a vivir a empuñar combos y cinceles para extraer plomo, plata, estaño, zinc y otros productos de las entrañas de la tierra en condiciones francamente inhumanas.
¿Hacen algo las autoridades del Ministerio de Trabajo ante esta desgarradora realidad? Los resultados muestran que no. Si se considera que hasta el momento han transcurrido poco más de 200 días de este año, se llegará a la conclusión de que se lamenta una muerte cada dos días y medio en las minas en aquel departamento.
De hecho, se sabe que los mineros están expuestos a padecer silicosis, una dolencia que es prevenible, pero cuando se presenta no tiene cura.
De acuerdo con un informe de la Agencia de Noticias Fides, en 1970, 25,5 de cada 100 mineros padecían el llamado mal de mina, 54 años más tarde, ese índice se ha elevado a 30 de cada 100.
Inseguridad industrial, condiciones insalubres de trabajo, explotación laboral… El panorama es desalentador en una de las actividades que mayores réditos deja para el país.
Lo que es peor, da la impresión de que los responsables de velar por el cumplimiento de la legislación laboral miran para otro lado cuando se trata de controlar esta actividad productiva.
La situación en las minas de oro del norte tropical paceño es gravísima, pero sólo parecen importar los resultados macroeconómicos.
Es imprescindible que intervenga el Gobierno y ponga punto final a una situación que es muy parecida a una masacre de mineros, aunque silenciosa, sin violencia explícita y sin balas, pero con iguales o peores resultados.