Hasta aquí ha triunfado la prudencia y el buen criterio. Las autoridades nacionales, el Presidente y los responsables de la seguridad interior del Estado, han logrado un éxito hasta el momento al haber impedido que caigan fallecidos durante los operativos de represión a los bloqueos.

Esta situación se da en momentos en que los movilizados, independientemente de sus motivaciones, actuaron con extrema violencia, causaron sensibles bajas entre los efectivos de la Policía y tomaron unidades militares, quienes no reaccionaron como tenían, en última instancia, derecho a hacerlo y si lo hacían habrían utilizado el armamento letal que tienen en su poder.

Han sido tres las unidades castrenses tomadas por la fuerza, sin que oficial o sargento alguno hubiera actuado en su defensa. Nadie podría haberlos sancionado porque, en caso de haberlo hecho, habría actuado en defensa propia.

En los operativos de desbloqueo, las fuerzas del orden sufrieron bajas y no causaron muertes o hirieron a alguno de los movilizados, destrozaron sus bienes o propiedades, saquearon o cometieron vejámenes.
Durante 19 días, bloqueos criminales afectaron a todos los bolivianos por igual. Desde el gran empresario privado al más humilde vendedor callejero.

Impidieron la llegada de combustible a las principales ciudades e impidieron que las exportaciones generen las divisas que los bloqueadores exigen.

Los alimentos, las flores y los productos suntuarios se encarecen por la escasez y la especulación.
Cosa curiosa. Durante las dictaduras militares y los años del neoliberalismo, eran los uniformados quienes consideraban a los sectores populares de la sociedad como el gran enemigo al que había que destruir, pero en tiempos del proceso de cambio, todo ha cambiado —valga la redundancia—, ahora son algunas organizaciones de agricultores y cocaleros quienes consideran a los militares como el enemigo al que se debe destruir.

Los aprehendidos en los bloqueos deben ser, en el estricto contexto del respeto a sus derechos, procesados y sentenciados por los delitos que cometieron. Si alguien es encontrado culpable del delito de terrorismo, tendrá que permanecer privado de libertad por unos 20 años.

La única forma de gobernar correctamente es cumplir la ley al pie de la letra y de su espíritu.