Lo que sucede en Perú es demasiado peligroso para que las autoridades bolivianas se descuiden e ignoren el problema. Bandas de extorsionadores operan en Lima y exigen, al más puro estilo de lo que ocurría con los gánsteres en las primeras décadas del siglo pasado en Estados Unidos.
Las víctimas de los chantajes son los propietarios de vehículos de transporte público y los comerciantes asentados en barrios populares de la capital peruana.
Los medios informativos limeños dieron cuenta de que el miércoles, los delincuentes lanzaron un explosivo contra un microbús, cuyo propietario se había negado a pagar la cuota “de protección”.
El motorizado quedó reducido a chatarra. Nadie resarcirá los daños y el hombre, quien tuvo el valor civil de oponerse a la mafia, sufrirá una pérdida de la que muy difícilmente se recuperará.
Cabe preguntarse en consecuencia si los organismos de seguridad e inteligencia del Estado trabajan en la prevención ante el eventual ingreso de estas asociaciones criminales a territorio nacional. Como es lógico suponer, las ciudades de El Alto y La Paz, en ese orden por su proximidad geográfica son las más susceptibles a sufrir ataques de esta naturaleza, aunque no las únicas. Se puede decir que es una cuestión de tiempo.
Por ello, es necesario que los dirigentes sindicales, del transporte libre y de las cooperativas, así como de los gremiales, deben estar en alerta máxima para dar a conocer cualquier atisbo o señal de que alguien trata de extorsionar a alguno de sus afiliados.
Es preciso considerar la experiencia de lo ocurrido en Perú, donde los afectados lanzaron señales de alarma a las autoridades, pero el Gobierno de Dina Boluarte —¿podrá haber alguno peor en la región? — ignoró los pedidos de ayuda de los afectados y la delincuencia creció y se expandió al extremo que las víctimas ejecutaron medidas de presión, como un paro de actividades y el bloqueo de una importante avenida en la Capital de los Virreyes, ante la indiferencia de las autoridades nacionales.
Es necesario prevenir antes que lamentar. Por ello, desde el Ministerio de Gobierno es preciso que se impartan las órdenes preventivas necesarias para evitar lamentar estos delitos en el país.
