El triple asesinato suscitado a fines de diciembre en la comunidad Las Peñas, Paurito, Santa Cruz, debe ser considerado como una severa llamada de atención a las autoridades responsables de la seguridad ciudadana y la represión al narcotráfico.

Una simple revisión hemerográfica permitió encontrar que una de las tres personas asesinadas permaneció vinculada desde hace más de una década con el tráfico de drogas y, aparentemente, continuó sus operaciones sin problemas y sin que la justicia ordinaria hubiese intervenido en su caso.

Desde 2006, los encargados de reprimir el tráfico ilícito de drogas aseguran que los peligrosos cárteles no actúan en el territorio nacional y que este delito está a cargo en el país de clanes, aunque no por ello, como se ha visto en éste y otros casos, no son menos sanguinarios y, en última instancia, nos ponen en riesgo a todos los bolivianos.

Hemos sido testigos de cómo algunos de los principales efectivos policiales responsables de luchar contra este delito trasnacional se han corrompido. Al menos cuatro de ellos se enfrentaron con la justicia por este motivo.

Hay mucho, muchísimo, dinero en juego en cada transacción y las tentaciones son demasiado grandes para cualquier ser humano, por lo que es necesario multiplicar los mecanismos de control para que, en cierto momento, salten las alarmas y se evite daños mayores a la imagen de Bolivia y los bolivianos en el exterior.

En todo caso, preciso es reconocer que, pese a que el país es el tercer productor mundial de hoja de coca —de hecho, sólo hay cocales en tres naciones—, el insumo más importante para elaborar el alcaloide, no se alcanzó felizmente los niveles de violencia que se presentaron en su momento en Colombia o la absoluta falta de Estado en la región cocalera del VRAEM en Perú o la demencial escalada de asesinatos y crímenes de todo tipo que soporta México desde hace varios años, pero hay que evitar que en Bolivia continúen estos problemas.

El informe oficial del Gobierno da cuenta de que se elevó el volumen de drogas incautadas en 2024, lo que es un indicador de que se produce más droga.

Es de esperar que estemos a tiempo para refrenar una ola delictiva que puede tener consecuencias demasiado complicadas.