En mayo de 2009, un mes después del operativo policial desarrollado en el hotel Las Américas, de Santa Cruz de la Sierra, donde murió el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores y dos de sus camaradas, el entonces presidente Evo Morales promulgó un decreto supremo que ordena el procesamiento de todos los casos de terrorismo ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

La disposición fue puesta en vigencia ante la pretensión del exjuez cruceño Luis Tapia Pachi, quien pretendía conocer el caso. En aquel momento, cuando la “media luna”, compuesta por autoridades de los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, ejercían fuerte oposición en tiempos de marcada polarización del país.

La historia es conocida, Tapia Pachi se autoexilió y regresó años después al territorio y los sobrevivientes de la milicia dirigida por Rózsa Flores fueron condenados al admitir su participación en esa organización ilegal.
Los bloqueos, propiciados por los radicales o evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS), fueron escenario de acciones que pueden encuadrarse dentro de la definición penal de terrorismo y, por lo tanto, las personas aprehendidas en estas acciones no pueden ser juzgadas en el trópico de Cochabamba o en cualquier otra jurisdicción que no sea la paceña.

En este caso, todos los aprehendidos deben ser trasladados a la sede del Gobierno para que comparezcan ante jueces cautelares y, en su caso, de sentencia.

Aunque se supone que los jueces deben ser imparciales, un magistrado que vive en Villa Tunari o algún punto de las provincias Carrasco o Chapare pueden ser susceptibles a sufrir presiones o amenazados, por lo que sus fallos pueden ser benévolos con los acusados.

El artículo correspondiente del Código Penal establece para quien comete el delito de terrorismo una sanción de hasta 20 años de presidio, una de las más altas contempladas en ese cuerpo legal.

Algunos de los aprehendidos fueron capturados en poder de explosivos y una cantidad no determinada de policías y varios periodistas han sufrido agresiones, algunas muy graves.

La situación es complicada, debe investigarse para lograr su esclarecimiento pleno y sancionarse en caso de encontrarse responsabilidad o culpabilidad sobre los hechos que se les atribuye.