- Salud
- Wilma Pérez
La incapacidad de los mecanismos internos de control para frenar la corrupción en el sector salud obliga al Ejecutivo a buscar auxilio en la comunidad internacional.
Tras el escándalo por irregularidades en dos reparticiones clave del Estado, el Ministerio de Salud formalizó este lunes un pedido de auxilio técnico y financiero a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la contratación de una auditoría externa de carácter extranjero.
Esta medida busca romper con el histórico sesgo de las revisiones domésticas y responde a la crisis de confianza que atraviesan las unidades descentralizadas y desconcentradas de esta cartera.
Aunque inicialmente el despacho de Salud solicitó la intervención de la Contraloría General, la complejidad de las auditorías y la necesidad de un peritaje sin presiones políticas inclinaron la balanza hacia una firma internacional.
El escenario de fondo es crítico. A inicios de marzo de 2026, salieron a la luz graves denuncias en la Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico de Bolivia (Aisem) y en la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss). Estos hechos derivaron en la destitución de sus máximas autoridades, quienes permanecían en sus cargos desde el anterior gobierno
“Hemos vuelto a solicitar a la cooperación internacional que nos colaboren con la licitación de una empresa auditora extranjera para que no haya ningún tipo de sesgo”, justificó la ministra Marcela Flores.
Con esta auditoría de alto nivel, el Gobierno pretende identificar la profundidad del daño económico y las fallas estructurales en el manejo de recursos destinados a la salud pública, mientras espera que la ONU confirme los términos de este financiamiento extraordinario en las próximas semanas.