- Sociedad
- Armin Copa
El encuentro entre los representantes del Poder Ejecutivo y los sectores indígenas de Pando terminó sin acuerdos en la localidad de Rurrenabaque. La movilización, que rechaza la vigencia de la Ley 1720, mantiene su rumbo hacia la sede de Gobierno tras cumplirse una semana del inicio de las protestas. Los marchistas exigen la abrogación inmediata de la normativa que permite la conversión de la pequeña propiedad bajo nuevos parámetros legales.
La comitiva gubernamental, integrada por viceministros de las carteras de Tierras, Desarrollo Agropecuario y Régimen Interior, además de la dirección del INRA, defendió la permanencia de la ley. Según las autoridades, la medida posee un carácter voluntario y limita su alcance exclusivamente a predios privados. Sin embargo, los manifestantes sostienen que la disposición técnica incentiva la concentración latifundista de los suelos y pone en riesgo la seguridad de las tierras colectivas.
La protesta comenzó el pasado 8 de abril, coincidiendo con la promulgación del cuestionado cuerpo legal que genera tensiones en el sector agrario. Mientras el Gobierno minimiza el impacto negativo de la norma sobre las comunidades, los sectores movilizados refuerzan sus medidas de presión y descartan suspender la caminata. El escenario actual refleja un estancamiento en las negociaciones que prolonga la crisis social en la región amazónica.