La detención e imputación de Raúl Cuenca, el viernes 18 de mayo, solo por haber realizado un sketch en televisión, personificando a un policía y su típica viveza criolla, debe poner alertas a todos los que no somos parte del actual esquema de poder. El atropello totalitario en contra de un comediante ha puesto al descubierto hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno y sus brazos represivos para amedrentar, acallar y atentar contras las libertades ciudadanas establecidas en la Constitución. Las marchas, bloqueos, caravanas y mitines de las dos últimas semanas, en defensa de la propiedad privada, en contra de la escasez de dólares, por el abastecimiento normal de carburantes y en repudio por la elevación arbitraria de aranceles aduaneros, entre otras causas, expresan el creciente descontento social ante el deterioro de la economía nacional y la incapacidad gubernamental para revertirlo en el corto plazo. La crisis económica originada en el régimen de Evo Morales y consolidada en el gobierno de Luis Arce ha terminado por sacar a las calles y carreteras a los sectores afectados que no ven en el horizonte cercano otra cosa que no sean nuevos síntomas de una crisis estructural. El Gobierno pasó de la negación absoluta a culpar a exportadores, banqueros, comerciantes y militantes del evismo, no solo de los problemas con los dólares y combustibles, sino de un supuesto boicot coordinado con la derecha boliviana y el imperialismo estadounidense. Ante la posible escalada del enfado, el Ejecutivo ha decidido reforzar a las fuerzas policiales con una docena de vehículos antidisturbios que le costarían al Estado más de dos millones de bolivianos, cada uno, y un gasto total en equipamiento de 17,8 millones de dólares, denunciados públicamente por el diputado evista Héctor Arce, hasta ahora no aclarados ni desmentidos por el Ministerio de Gobierno. Es característico de las luchas sociales en Bolivia el aguantar y aguantar, hasta que se presenta un hecho circunstancial, generalmente inadvertido por los gobernantes, que produce la erupción del volcán o despierta al león dormido. Lo que viene después es parte de los registros periodísticos e históricos del país. Ocurrió en febrero y otubre de 2003 con el pretendido impuesto a los salarios y la guerra del gas que derivó en la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada a la presidencia y la clausura del período neoliberal. También sucedió en 2019 con el fraude electoral encabezado por Evo Morales, el mayor atentado a la democracia boliviana, que provocó la dimisión y huida de Morales, Álvaro García Linera y otros jerarcas del régimen masista. En 2003 y 2019, la Policía se puso del lado de la gente. En la masacre de febrero se enfrentó a tiros con el Ejército en la plaza Murillo, en el centro del poder. En 2019 protagonizó amotinamientos en varias unidades de distintas regiones del país. Tras el retorno del MAS al poder, el 8 de noviembre de 2020, con la retórica del golpe de Estado, una veintena de policías —jefes, oficiales y suboficiales— fueron echados de su institución sin derecho a la reincorporación. El mensaje era bastante claro para los restantes 35.000 efectivos. Ejecutada la purga, los privilegios otorgados a la Policía son notorios, buscando garantizar su lealtad con el poder. La cantidad de generales subió a al menos media docena, en el nivel de los policías de baja graduación la mayoría tiene el grado de sargento, a fin de mes cobrarán el aumento salarial dispuesto por el Gobierno retroactivo a enero de este año, reciben equipamiento antidisturbios que los convertirán en verdaderos Robocops en las vías y no son expuestos a los medios de comunicación cuando son descubiertos cometiendo delitos graves como tráfico de drogas o volteo de narcos. Todo eso ha generado que haya jefes en la Policía —mayores, tenientes coroneles, coroneles y generales— dispuestos a reprimir a comediantes, dirigentes sociales o cualquier ciudadano que reclame derechos o cuestione el mal manejo de la economía con el argumento de que se pretende desestabilizar al Gobierno o que se estaría urdiendo un nuevo golpe de Estado. En el caso de Raúl Cuenca, los agentes de Inteligencia que ejecutaron la detención le dijeron que habían recibido órdenes. ¿Quién dio la instrucción? ¿El comandante figureti? ¿El que aparece todos los días en los medios televisivos hablando de todo como si la Policía fuese solo él? Los policías que cumplieron la orden serán procesados internamente, mientras que quien pretendió incrementar sus bonos ante el poder se mantendrá impune. El descontento por el deterioro de la economía va en aumento y el Ejecutivo ha tomado previsiones para enfrentar un supuesto boicot político equipando a la Policía con 17,8 millones de dólares o 124,1 millones de bolivianos al cambio oficial. Busca aplacar las protestas sociales para evitar que se repitan los episodios de 2003 y 2019, claro con un millonario y conveniente gasto de recursos públicos. Por: Eddwin Cacho Herrera