- Seguridad
- Carmen Challapa
08/12/24.- La lucha contra la violencia en Bolivia nuevamente sufre un revés.
El Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, prevé la asignación del 0,35% (1.026.037.019) bolivianos) para programas de prevención y atención de hechos de violencia de género.
La cantidad de recursos ha descendido con relación a la gestión 2023 (2,34%) y 2024 (1,45%).
Según los datos oficiales, del 1 de enero al 5 de diciembre de 2024, en el país se registraron 70 feminicidios, 46.274 denuncias de violencia contra las mujeres, lo que equivale a 138 denuncias por día.
Los delitos de violencia sexual se han duplicado en los últimos cinco años, llegando a un promedio de 31 denuncias por día.
En ese sentido, el Comité de Derechos de Género de la Cámara de Diputados convocó a las organizaciones y sociedad civil para que emitan un pronunciamiento, analicen las cifras existentes y establecer su impacto en la vida de las mujeres.
“Emitan pronunciamientos claros y contundentes, demandando una reconsideración del presupuesto asignado a la atención y prevención de la violencia de género”, refiere el comunicado emitido.
Las gobernaciones de los departamentos con mayor incidencia de casos de feminicidio y violencia de género han asignado los siguientes porcentajes de presupuesto: La Paz (18,56%), Cochabamba (10,67%), Santa Cruz (8,20%) y Oruro (15,24%).
EMERGENCIA
Más de 200 organizaciones de mujeres, colectivos y ONG del país, expresaron su rechazo frente a la reducción del presupuesto destinado a la lucha contra la violencia.
“Estamos en alerta, ¿acaso la vida de las mujeres no vale nada?, expresó Yessica Velarde, integrante de la Alerta 348, que junto a otras representantes de organizaciones y activistas exigieron respuestas el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
“Sin presupuesto no hay compromiso. ¿Cuánto vale la vida de las mujeres?”, protestaron las activistas en rechazo a la reducción de los recursos para este sector.
Nivia Coca, representante del Colectivo Mujeres de Fuego, calificó este año como devastador para las mujeres porque se registró un incremento en los casos de feminicidios, feminicidios en grado de tentativa y violaciones.
“Es un duro golpe por parte del Estado, que en lugar de generar políticas públicas prevé reducir los porcentajes para la próxima gestión. Se supone que debe haber dinero para los juzgados, para las casas de albergue, para las víctimas de violencia”, señaló la activista.
Integrantes de los colectivos anunciaron que denunciarán este extremo ante los organismos internacionales para que estas instancias obliguen al Gobierno cumplir lo que establece la Ley 348.