Nuevas revelaciones sobre los casos de pederastia cometidos en el seno de un establecimiento educativo, muy antiguo, prestigioso y respetado, administrado por la Compañía de Jesús, permiten conocer el horror que se vivió detrás de esos muros sesquicentenarios.

Se sabe que los delitos no pueden ser atribuidos a grupos, a menos claro está que se trata de una organización criminal o, en algún caso, una pandilla, pero cuando se cae en presencia de personas quienes, al formar parte de su misma organización, encubren los delitos, se convierten en cómplices, aún en caso de que esta actitud sea adoptada tiempo después o muchos años después de la comisión de los hechos.

Un velo de protección, bajo un espíritu de cuerpo, de características singulares permite suponer que los mecanismos eclesiásticos internos serán insuficientes para sancionar a los agresores quienes visten sotana, en este caso.

Lo que es peor, cabe simplemente formularse una pregunta. Cualquier individuo, en su condición de padre o madre de familia y, en último caso, en su calidad de tutor de un niño, ¿permitirá que éste sea inscrito en un centro educativo manejado por potenciales violadores o abusadores, por mucho que se garantice un alto estándar en la calidad educativa?

Es, por ello, necesario que los operadores de justicia lleguen al fondo de sus investigaciones y pongan a los culpables de esos hechos ante jueces que, después de valorar las pruebas, los sentencien como establece el ordenamiento jurídico vigente en el país.

Es necesario sentar un escarmiento a quienes, desposeídos de todo valor no ya religioso, sino civil, actuaron como lo hicieron, destruyeron vidas y vaya uno a saber si alguna de sus víctimas cometió suicidio, atormentado por los agravios que recibió.

No importa en este caso, que se trate de ancianos octogenarios, tanto agresores como encubridores. Deben ser sancionados y expuestos ante los ojos de todos para que, al menos, caiga sobre ellos un manto de vergüenza por tan abominables actos. Y si es preciso exigir que determinadas organizaciones confesionales o lo que sea abandonen el territorio nacional, las autoridades responsables de la defensa de la sociedad deben actuar sin temor y sin que les tiemble el pulso.

La salud física y mental de la niñez y juventud está en juego. No es poco.