Qué difícil es lograr consensos en Bolivia. Durante los años de la democracia pactada, vale decir en 1985 y 2003, los acuerdos políticos se lograban sobre la base de distribución de cuotas de poder. Cada partido político tenía espacios en las diferentes instituciones del Estado acorde a los votos que podía reunir en el entonces denominado Parlamento o Poder Legislativo.
Sobre esa base, se designaron cargos jerárquicos y hasta mensajeros en la Aduana Nacional y el Servicio de Impuestos, dos de las instituciones más apetecidas, pero también se nombraron jueces, ministros de la Corte Suprema de Justicia, vocales del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Judicatura; ni qué decir de ministerios o prefecturas y subprefecturas.
Los compañeros del partido tenían pega segura durante los cuatro o cinco años de gestión y nadie protestaba. Todos estaban de acuerdo con los lineamientos emanados desde arriba. Eran los años de la capitalización de las empresas públicas y el achicamiento del Estado.
Diferencias ideológicas entre los partidos que dominaban la escena política no había o, por lo menos, no eran sustanciales. Se diferenciaban principalmente por el color de la camiseta, nada más.
Incluso, hubo un partido que solo se formó para proteger la empresa de su jefe nacional que adeudaba una suma millonaria al fisco y que cuando los recaudadores de tributos estaban cerca de intimar el pago correspondiente, la megacoalición de entonces sufría un sacudón interno, aunque no más de una semana más tarde, el Presidente de turno y el carismático y campechano político aparecían sonrientes mientras se daban un apretón de manos y todo volvía a la normalidad, o sea, el proceso coactivo en cuestión volvía a archivarse hasta una próxima oportunidad.
Eso terminó cuando el MAS se impuso en forma más que contundente en los comicios nacionales celebrados entre 2005 y 2015. Fue cuando no fue necesario “cuotear” el poder con otros partidos. El MAS tuvo la posibilidad de designar a quien quiso en ese tiempo con el favor del voto popular.
Las cosas han cambiado desde la fractura del Instrumento Político y el Ejecutivo se debate en acercarse a la oposición conservadora o gobernar por decreto, con toda la debilidad política que ello conlleva.