- Política
- Armin Copa
La Constitución Política del Estado prohíbe que cualquier persona desempeñe un cargo público si cuenta con un fallo judicial condenatorio firme sin cumplir. Esta precisión constitucional cobró notoriedad tras las declaraciones emitidas por el vicepresidente Edman Lara al ser consultado en Cochabamba sobre el trasfondo jurídico que involucra al actual ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora. La autoridad recalcó la necesidad de analizar minuciosamente los documentos del caso para establecer si existe un impedimento real ante las leyes vigentes.
La controversia comenzó con las declaraciones del diputado Rolando Pacheco, quien sostuvo de forma pública que Zamora enfrenta una condena definitiva de 2022 vinculada con el delito de estafa. Ante esta acusación, Pacheco solicitó la inmediata destitución del funcionario y adelantó el envío de peticiones de informe para formalizar su reclamo ante las instancias pertinentes.