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  • Wilma Pérez

El Bono de Vacunación se ha convertido en un problema político para la ministra de Salud, Marcela Flores. A más de un mes de la promulgación de la Ley 1771, que trasladó al nivel central la responsabilidad de financiar el beneficio, los trabajadores en el área continúan sin una respuesta sobre el pago pendiente que corresponde a este año. El conflicto ya no se limita a las protestas sindicales: involucra a gobernaciones, autoridades y representantes legislativos quieenes anuncian acciones contra la titular del área.


La presión creció con un paro de 24 horas y movilizaciones en las capitales de departamento la semana pasada y fueron las bases las que mantuvieron el reclamo por el cumplimiento de una obligación que consideran un derecho laboral.
En Santa Cruz, la vicegobernadora Paola Aguirre dijo que convocará para el miércoles 11 a Flores y al ministro de Economía, Christian Morales, con el propósito de garantizar el pago. Advirtió de que, si las autoridades no acuden, trasladarán las protestas a la sede del gobierno.


“Lo que queremos es que se les pague el bono de vacunación. Vamos a conminar a la Ministra de Salud y al Ministro de Economía a presentarse en nuestro departamento la próxima semana. Y si ellos no vienen, nosotros vamos a trasladar la protesta hasta La Paz”, afirmó tras reunirse con los trabajadores.


La controversia también llegó a Tarija. El presidente de la Brigada Parlamentaria, Gabriel Corvera, anunció que impulsará un trámite de interpelación y un proceso penal por presunto incumplimiento de deberes contra la Ministra, debido a la falta de pago.

LA LEY Y LAS DUDAS DEL GOBIERNO
La Ley 1771, promulgada el 30 de septiembre de 2026, establece que el Gobierno, mediante el Tesoro General de la Nación y el Ministerio de Salud, asume el financiamiento del bono de vacunación y los viáticos desde la gestión 2026. De esa manera, libera a las gobernaciones de la obligación de los pagos. 


Sin embargo, la aplicación de la disposición todavía genera controversia. A fines de octubre, la ministra Flores informó que coordinaba con las carteras de Economía y Presidencia la definición de cómo se cubrirán los pagos pendientes en Santa Cruz. También dijo que hay “vacíos legales” sobre si el desembolso debe realizarse en 2026 o en 2027.


“Estamos a la espera de que podamos, con el Ministro de Economía y el Ministro de la Presidencia, ver la mejor manera de que se efectivicen estos pagos y subsanar vacíos legales”, dijo. No precisó una fecha para el desembolso ni el procedimiento para concretarlo.


El miércoles, mientras los trabajadores de Tarija se movilizaban, el viceministro de Deportes, Roberto Bustamante, aseguró que el Gobierno hará el pago. Según explicó, el Ministerio de Salud ya pagó el beneficio a los trabajadores con ítems de esa cartera, pero falta el personal de los establecimientos de primer, segundo y tercer nivel.


La autoridad atribuyó el problema a diferencias de interpretación sobre la aplicación de la ley y al hecho de que se trabaja bajo un presupuesto elaborado en la gestión anterior.


Desde Cochabamba, el secretario de Planificación de la Gobernación, Horacio Villegas, sostuvo que la responsabilidad ya fue transferida al nivel central y cuestionó la falta de una decisión definitiva. A su juicio, la incertidumbre de los trabajadores responde a que las autoridades nacionales sostienen posturas contradictorias.


El bono de vacunación fue instaurado en octubre de 1996 con el Decreto Supremo 24391. Posteriormente, la Ley 3302, de 2005, y disposiciones presupuestarias trasladaron a las gobernaciones la responsabilidad de pagar con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.


La descentralización causó durante años retrasos y conflictos por la falta de liquidez de las administraciones departamentales. La Ley 1771 buscó modificar ese escenario y devolver al nivel central la responsabilidad financiera.


Pero el cambio normativo no consigue cerrar la controversia. Mientras el Ministerio de Salud revisa las opciones legales y financieras, las gobernaciones consideran que ya no les corresponde asumir el pago y los trabajadores exigen una solución.