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  • Jorge Jové

La solución a la crisis política de Venezuela es sencilla y, paralelamente, muy complicada, por contradictorio que parezca. El sistema electoral venezolano está completamente informatizado, por lo que la presentación de las actas de voto no debería representar problema alguno, lo que permitiría una salida rápida y demostraría palmariamente quién tiene la razón en este conflicto.


Cuando un ciudadano acude al centro de votación que le corresponde, lo único que necesita es colocar su impresión digital para que el sistema de identificación biométrica compruebe que se trata de un ciudadano registrado en el Padrón Electoral. Cuando lo hace, en una pantalla aparecen los candidatos y elige al de su preferencia, emite su voto y éste inmediatamente se contabiliza y suma paralelamente en el escrutinio nacional los sufragios.


Al cerrarse esa mesa electoral, el sistema imprime un acta en el que consta la cantidad de votos obtenidos por cada partido o alianza.


La ley electoral de ese país establece que, después de concluir el proceso, las más de 15 mil actas deban ser de público conocimiento para que no quede la menor duda sobre el triunfador y la cantidad de legisladores de cada fuerza política.


En el caso de la jornada democrática del pasado domingo, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, se apresuró a proclamar la victoria de su amigo personal Nicolás Maduro cuando se había contabilizado alrededor del 80 por ciento de la votación.


Sin esperar reacciones, entregó a Maduro la credencial que muestra su calidad de presidente reelecto de la Venezuela bolivariana.


La reacción de los opositores y la comunidad internacional fue de indignación. Ante esto, Maduro decidió romper relaciones diplomáticas con Perú y expulsó a embajadores de otros seis países: Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay, cuyos gobiernos exteriorizaron sus dudas razonables sobre la limpieza de esos comicios.


La Unión Europea y Estados Unidos expresaron firmemente sus reservas en torno a la transparencia de la victoria de Maduro, mientras que los mandatarios de izquierda de tres importantes países de la región: Colombia —imprescindible para Venezuela, por su condición fronteriza—, México y Brasil, Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente, se reunieron para promover una solución al conflicto.


Si bien los tres no reconocieron el triunfo de Maduro, tampoco aseguraron que hubiese habido fraude, pero desde su perspectiva de aliados ideológicos del proceso abierto en 1992 por Hugo Chávez Frías, buscan una fórmula que cuando menos salve la imagen del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV).


La Organización de los Estados Americanos (OEA) no tuvo consenso para emitir una resolución de condena, aunque su secretario general, Luis Almagro, insiste y anunció que acudirá a la Corte Internacional de Justicia para procesar y condenar a Maduro.


Mientras los tres presidentes se esforzaban por encontrar el camino hacia una salida digna para su correligionario, Amoroso volvió a la carga y el viernes leyó un nuevo boletín oficial en el que ratificó el triunfo de Maduro con 52 por ciento, mientras que el conservador Edmundo González Urrutia obtuvo el 43 por ciento.


“Ataques informáticos masivos desde distintas partes del mundo contra la infraestructura tecnológica del Poder Electoral y las principales empresas de telecomunicaciones del Estado retardaron la transmisión de las actas y el proceso de divulgación de resultados”, explicó Amoroso, aunque tampoco mostró las actas de marras.


Quienes sí lo hicieron fueron los opositores quienes distribuyeron delegados en todos los recintos de voto y reunieron el 80 por ciento de las copias de las actas con la que aseguran que ganaron la votación con más del 70 por ciento de respaldo popular.


El CNE no presenta esas actas, mientras Maduro recurrió a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, que “aclare lo que tenga que aclarar”, aunque se sabe que la magistrada fue militante del PSUV.


Entretanto, Estados Unidos, Argentina y Ecuador reconocen que González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. 


En este punto es imposible evitar hacer alusión a Juan Guaidó, “presidente encargado” de Venezuela tras los cuestionados comicios de 2018. Guaidó recibió dinero de las cuentas embargadas a Caracas como resultado de las sanciones impuestas por Washington, pero el político conservador dilapidó esos recursos y demostró ser absolutamente incapaz de administrar la cosa pública. En consecuencia, Maduro salió fortalecido de aquel conflicto.
Ahora la cosa parece más complicada, pues a la represión, que ya deja una veintena de muertos y más de mil aprehendidos por participar en protestas antigrubernamentales.