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De los 5.025 niños y adolescentes que se encuentran en situación de abandono en el país, la mitad está en el departamento de Santa Cruz, donde los 57 albergues son privados.

“Hemos ingresado a los centros del departamento de Santa Cruz, los que albergan a casi el 50 por ciento de la población a nivel nacional, para hacer una revisión de los archivos de los centros de acogida, que en su totalidad son privados”, reveló a este matutino la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz Tarifa.

La autoridad explicó que en las visitas que realiza a los centros de acogida del país identificó que hay una reducción del 12 por ciento de población menor de 18 años, en relación con 2021, además se estableció que el 70 por ciento de estos establecimientos no pertenecen al Estado, el 13 por ciento es parte de la administración pública y resto restante es de administración compartida entre iglesias y gobernaciones.

“En el caso de Santa Cruz, se observa que el 100 por ciento son de carácter privado y hemos visto que hay una desorganización y coordinación casi nula entre las distintas instancias de protección como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, los equipos del Sedeges (Servicio Departamental de Gestión Social) y los centros de acogida para velar por la situación de los albergados y la reintegración familiar”, dijo.

Al tener Santa Cruz, todos los centros de acogida privados, la fiscalización del Sedeges debería ser más estricta, sin embargo, la entidad no cuenta con una normativa que establezca los estándares para mantener las autorizaciones de funcionamiento y en el caso de que se determine su cierre por alguna razón, no se cuenta un local público al que sean trasladados los niños y adolescentes.

Ante esa situación el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades prepara una normativa de aplicación departamental que permita coadyuvar en el seguimiento y fiscalización para mejorar la atención a las personas menores de edad.

Según los datos de esa cartera, el 89 por ciento de niños y adolescentes que están en los centros de acogida de todo el país cuenta con un referente familiar, es decir que tiene padre, madre o una persona que pueda hacerse cargo, por lo que su situación legal no está definida, pese a que muchos permanecen en estos establecimientos por meses o años.

Esta situación evita que sean sujetos de adopción, aspecto que vulnera su derecho a la reintegración familiar e imposibilita su incorporación a una familia sustituta.

“No hay mucho interés por parte de los familiares, padres o madres, de recuperar la guarda o la tutela respecto de los niños y adolescentes. Tenemos un número importante de mayores de 13 años que en este momento se encuentran en los centros de acogida, al igual de los de 13 a 18 años; por ello en proyección es muy probable que egresen de los centros de acogida por mayoría de edad y no por reintegración familiar”, se lamentó la autoridad.

En muchos casos, los progenitores se encuentran en condición de pobreza extrema y prefieren que permanezcan albergados.

Por: Wilma Pérez