Hasta hace algunos meses, las noticias procedentes de otros países del continente americano que daban cuenta de hechos violentos asociados con el tráfico ilícito —no solamente, drogas sino armas— parecían provenir de otro planeta por la lejanía y por la situación de calma en la que se desarrollaban las actividades en general dentro del territorio nacional.
Sin embargo, ese panorama comenzó a quebrarse cuando algunas informaciones crearon un sentimiento de relativa alarma: secuestros, ajustes de cuentas y hechos delictivos asociados al narcotráfico, detección de cargamentos de armas de fuego destinados a la presunta protección de organizaciones criminales.
Es cierto que hubo en el país algunos puntos que eran especialmente críticos, como Cobija, donde en cierto momento, se produjeron ajustes de cuentas y asesinatos en vía pública. Parece que el país ha dado varios pasos atrás.
La balacera que se produjo el domingo por la noche en La Enconada, una comunidad ubicada a medio camino entre Cotoca y Pailas, donde sicarios dispararon contra el vehículo en el que se desplazaba un estrecho colaborador del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y otra persona aún no identificada.
El lugarteniente de Marset está en libertad pura y simple por decisión no sólo de un juez, sino de un sistema judicial a todas luces ineficiente, incapaz y corrupto, que pone en riesgo a todos los bolivianos sin excepción.
Cabe preguntarse, ¿qué habría ocurrido si uno de los proyectiles impactaba contra un inocente peatón que en ese momento tuvo la desgracia de estar en el momento incorrecto y en el lugar inadecuado?
Hay una responsabilidad de la justicia boliviana que debe ser establecida y aplicar sanciones a quienes permitieron que se produzca un hecho tan peligroso como abominable.
Que la justicia en el país está en un bajísimo nivel no es noticia. Se encuentra en esta situación desde hace largos años, décadas. No es responsabilidad de las autoridades judiciales elegidas por voto popular, que no ofreció soluciones a esta delicada situación. Es una herencia desastrosa que debe arrastrar la sociedad boliviana. Y los llamados a mejorar esta situación no aparecen ni por votación ni por criterios meritocráticos.