- Economía
- Armin Copa
El Estado boliviano activó procesos de fiscalización interna para determinar la responsabilidad de exfuncionarios en el litigio contra la empresa española BBVA. Esta medida surge después de que la justicia de Países Bajos ratificara la obligación de pagar 105 millones de dólares por la nacionalización de la AFP Previsión. Las autoridades actuales califican esta situación como una consecuencia de determinaciones erróneas tomadas en gestiones previas, específicamente durante el inicio del proceso arbitral en 2017 y su posterior resolución en 2022.
La Procuraduría General del Estado explicó que el objetivo de estas auditorías consiste en evaluar si la estrategia de defensa legal resultó adecuada. De confirmarse negligencias, el gobierno nacional emprenderá acciones legales para recuperar el daño económico causado al patrimonio público. Según el análisis oficial, la compañía demandante alegó durante el proceso una falta de seguridad jurídica y hostigamiento administrativo, factores que influyeron en el veredicto final que consolida la deuda millonaria.
A pesar de la magnitud del pago, los directivos de la Gestora Pública aseguraron que los ahorros de los trabajadores y el sistema de pensiones permanecen intactos. La institución garantizó que los fondos destinados a las jubilaciones gozan de plena seguridad y que el cumplimiento de este fallo internacional no compromete las prestaciones sociales. El Ejecutivo busca ahora alternativas financieras que permitan mitigar el impacto de esta indemnización en las arcas fiscales del país.