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El Gobierno, a través de las autoridades medioambientales, ha iniciado 330 procesos administrativos y 94 acciones penales contra responsables de quemas ilegales que provocaron incendios forestales en diferentes regiones del país. Estos incendios han generado un grave daño ambiental, afectando miles de hectáreas de bosques.
Las sanciones buscan responsabilizar a los infractores y prevenir futuros incendios, mientras las brigadas de bomberos y voluntarios continúan trabajando para controlar los focos activos. Se intensifican los esfuerzos para frenar esta problemática que amenaza la biodiversidad y las comunidades locales.