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  • Susana Salinas

En un encuentro político desarrollado en el Palacio Quemado, los gobernadores de los nueve departamentos ratificaron ayer una postura unánime ante el presidente Rodrigo Paz, a quien deijeron que no aceptarán una coparticipación tributaria menor al 15 por ciento. 


La demanda de las regiones busca reconfigurar de manera inmediata la redistribución de los ingresos fiscales del país para elaborar el Presupuesto General del Estado del próximo año.


La propuesta regional establece que este 15 % debe provenir de los recursos que actualmente administra el nivel central del Estado, que equivalen al 75 % del total nacional. Las autoridades departamentales aclararon que esta reasignación no afectará el 25 % que perciben los municipios y las universidades públicas bajo la ley vigente. El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, actuó como portavoz de la propuesta técnica luego de la sesión. “Existe un consenso absoluto entre todas las regiones: el bloque no aceptará una coparticipación menor al 15 por ciento”, dijo.


Velasco, además, confirmó que el bloque se encuentra en estado de alerta y fijó el 30 de octubre como plazo definitivo para que el Ejecutivo cumpla los compromisos de desembolsos fiscales y active el fideicomiso Fagobol, que es un fondo de Apoyo Financiero a Gobiernos Autónomos Departamentales y Regionales.


A la cita asistieron ocho de los nueve gobernadores del país: Juan Pablo Velasco (Santa Cruz), Luis Revilla (La Paz), Gabriela de Paiva (Pando), Leonardo Loza (Cochabamba), Jesús Égüez (Beni), María René Soruco (Tarija), Édgar Sánchez (Oruro) y Luis Ayllón (Chuquisaca). El único ausente fue el gobernador de Potosí, René Joaquino.


Antes de iniciar el debate sobre el pacto fiscal y el denominado modelo “50/50”, el Presidente promulgó la Ley de Prediarios y de Modificación de Competencias de Financiamiento, que transfiere obligaciones económicas de los presupuestos departamentales hacia el Gobierno Nacional, lo que libera un fondo conjunto de 209,5 millones de bolivianos a las regiones. Así, el nivel central asume el pago de la alimentación a reclusos, el Bono de Vacunación para el sector salud y mitigación ambiental.