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Los datos recogidos por la fuerza antiviolencia a escala nacional muestran que durante los cinco primeros meses del año en el país 69 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos a causa de feminicidios. Efectivos de fuerza especializada, mediante campañas de sensibilización, buscan frenar el incremento de casos de violencia de género en el país.
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz son los departamentos con mayor incidencia de casos reportados por la Policía. En sus estadísticas, el Ministerio Público no toma en cuenta a los huérfanos, pues se limita a reflejar sólo los índices de fallecidas.
El 81 por ciento de los huérfanos quedó al cuidado de abuelos, tías o hermanos mayores, la mayor parte de las familias ampliadas tienen varios hijos y el factor económico se vuelve un problema para continuar con la acogida de las víctimas.
Respecto a las edades, existen niños y niñas de cinco a 12 años, adolescentes de 14 a 17 años y jóvenes de 19 a 21 años, quienes en gran parte de los casos se hacen cargo de sus hermanos menores, dejan sus estudios y trabajan en diferentes rubros, o apuestan por establecer algún negocio.
El artículo 36 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia determina que si a consecuencia de un feminicidio, quedaran hijas e hijos menores de edad huérfanos, deben ser puestos bajo custodia de los abuelos u otros familiares cercanos por línea materna, con el acompañamiento de personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en tanto se establezca la guarda legal.
En ese sentido, la jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Santa Cruz, Mónica Seláez, explicó que en esa capital no se cuenta con un centro especializado para la atención de estos casos y que las víctimas son enviadas a hogares de acuerdo con la edad que tienen.
“Lo que hacemos es indagar si existe una familia ampliada, hacemos una búsqueda exhaustiva, incluso a nivel nacional para saber si existe un familiar que se pueda hacer cargo del menor, agotamos todas las instancias para evitar que vayan a un centro de acogida”, señaló.
Los trabajadores sociales deben verificar si existen las medidas mínimas para la crianza de las víctimas, quienes son sometidas a abordajes psicológicos para saber en qué condiciones están. “Cuando se agotan los plazos establecidos y no encontramos una familia ampliada, van temporalmente a un centro de acogida”, dijo.
Por: Carmen Challapa