- Sociedad
- Wilma Pérez
El examen de competencia para el ingreso a la Residencia Médica 2026 en el país desató una ola de críticas y reclamos. El proceso, que por primera vez contó con la administración de una empresa internacional bajo gestión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), enfrenta dudas sobre su transparencia y validez técnica.
La diputada Cecilia Vargas denunció la existencia de múltiples vicios. Entre ellos, citó el caso de cirugía pediátrica, donde las preguntas correspondieron a una subespecialidad y no a una especialidad básica, lo cual afectó a 60 médicos.
Además, la legisladora observó el incumplimiento de los términos de referencia que fijaban cinco días para la resolución de impugnaciones, un plazo inviable por la cercanía entre la prueba y el inicio de funciones.
La crisis institucional escaló con el repliegue de importantes casas de estudios superiores.
La Universidad Mayor de San Simón, la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad Juan Misael Saracho de Tarija decidieron apartarse del proceso debido al incumplimiento de las recomendaciones de la auditoría efectuada en 2025.
Por su parte, los profesionales afectados manifestaron su indignación a través de diversas plataformas. Denunciaron que el material educativo entregado en un disco compacto tras el pago de inscripción estaba vacío o contenía información obsoleta de la web del Ministerio de Salud.
Asimismo, cuestionaron el uso de lápiz de grafito en las hojas de lectura óptica y los retrasos en las aulas, hechos que restan confiabilidad a las calificaciones. Llama la atención que algunos postulantes obtuvieron incrementos de hasta 40 puntos luego de las impugnaciones y revisiones a sus pruebas.
“¡Es absolutamente indignante! No puedo creer que las notas del examen de recidencial médica 2026 hayan pasado de 14 a 51 y de 20 a 51, de la noche a la mañana. Esto es una burla a todos los que nos esforzamos y pagamos una fortuna para tener una oportunidad justa. ¿Qué clase de sistema es este?”, escribió un postulante en la página de Facebook de residencia médica.
Ante el conflicto, la ministra de Salud, Marcela Flores, defendió la prueba. La autoridad aseguró que existieron estrictos protocolos de seguridad y diez versiones distintas del examen para garantizar la meritocracia.
No obstante, las explicaciones oficiales carecen de respuestas específicas hacia las denuncias de los postulantes y el pedido de informes sobre las identidades de los elaboradores de las preguntas y los representantes legales de la firma adjudicada.