• Política
  • LA PRENSA

Este viernes continuará la segunda etapa de la evaluación de méritos, examen oral, dentro del proceso de preselección de aspirantes a los altos cargos judiciales, que quedó paralizado hace dos meses. La tarea se reanudará bajo observaciones de pérdida de credibilidad, contaminación y favores políticos a algunos postulantes, entre otros. Tras concluir esta fase, el Legislativo dispondrá de 15 días para entregar la nómina de candidatos al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural reinician su labor después de que la Sala Constitucional Primera del Beni levantó la medida cautelar del 10 de julio que paralizó la evaluación al admitir una acción de amparo constitucional presentada por una tercera persona.

“A los postulantes habilitados para el Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia para la fase de evaluación de méritos al examen de preguntas escritas y respuestas orales conforme dispone el artículo 35 de la ley 1549, del 6 de febrero de 2024, elecciones judiciales 2024, la fase se desarrollará del 19 al 24 de julio del año en curso en el antiguo hemiciclo de la Cámara de Senadores ubicado en la calle Bolívar entre calles Comercio y Ballivián”, se lee en un comunicado de la Comisión Mixta de Constitución.

De manera similar, el presidente de la comisión de Justicia Plural, adelantó desarrollar la segunda fase de la evaluación de méritos.

LOS PLAZOS

La convocatoria para la preselección contempla que la evaluación de méritos se desarrolle en el término de 14 días. La primera etapa se cumplió con la evaluación de experiencia profesional, formación académica y producción intelectual, sobre 100 puntos.

Ahora esta fase contempla el “examen de preguntas escritas y respuestas orales, sobre 100 puntos”. Entonces, la evaluación y calificación de méritos tendrá un valor de 200 puntos, sumados entre ambas etapas del proceso.

El CRONOGRAMA

Hoy, durante la primera jornada se contempla el inicio de toma de exámenes a los aspirantes de La Paz al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), entre quienes se encuentra el cuestionado vocal del Tribunal de Justicia Departamental, Israel Campero Méndez.

Algunos legisladores nacionales observan a este postulante por diferentes aspectos, entre ellos, limitar la fiscalización del Legislativo a través de una resolución.

También se presume un vínculo con el Gobierno, por establecer que el TSE se convierta en observador del encuentro del MAS renovador que se realizó en la ciudad de El Alto, en mayo.

Además, dirige el Tribunal Administrativo de la Organización de los Estados Americanos desde 2019.

CUESTIONAMIENTOS

En este escenario, observadores y analistas restan credibilidad e integridad al proceso que se desarrolla debido a las interrupciones que sufrió el proceso, el resguardo de las preguntas del examen, además de un presunto favorecimiento a funcionarios públicos judiciales que, se cree, responden a la línea gobernante.

“La crisis de institucionalidad, la falta de independencia de los órganos del Estado y la falta de voluntad política (...) no creemos que un proceso como este pueda dar buenos resultados. Todo este escenario contribuye a mostrarnos que este proceso ha perdido las garantías para elegir a los mejores profesionales”, dijo Sandra Verduguez, de la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD), en contacto con radio Panamericana.

A su turno, el abogado constitucionalista Williams Bascopé Laruta consideró que este esfuerzo puede quedar interrumpido en cualquier momento por el riesgo de la presentación de nuevos amparos, además de no llegar a buen puerto debido a que los informes en las comisiones mixtas deben ser aprobados por dos tercios de votos.

“Pero si se pasa, será difícil que se preseleccione a los candidatos a los cargos judiciales porque (la lista) tiene que aprobarse por dos tercios del pleno de la Asamblea y nadie cuenta con esta votación”, aseguró.

LAS FASES

En caso de superarse la segunda etapa de la evaluación de méritos — los exámenes—, las comisiones tendrán un plazo de cinco días para aprobar los informes de preselección y remitirlos a David Choquehuanca, en su calidad de presidente de la Asamblea.

Estos documentos serán considerados en sesión plenaria y los legisladores tendrán hasta ocho días para aprobar los documentos.

Finalmente, la Asamblea Legislativa tendrá dos días para enviar la nómina de los candidatos al Tribunal Supremo Electoral, pero si no lo hace en plazo, estos comicios se verán en riesgo.

Por: Wilson Aguilar