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  • Susana Salinas

16/6/2025.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha sido el principal gestor de dos cumbres, realizadas este año, con 124 días de separación, que buscaron afianzar, mediante 27 compromisos con diferentes actores, la democracia en el país en busca de dar certidumbre a los comicios a realizarse este 17 de agosto.

El 17 de febrero pasado se realizó el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, con la participación de autoridades del Ejecutivo y Legislativo y representantes de las organizaciones políticas habilitadas para los comicios e invitados de organismos internacionales, que concluyó con una declaración de 15 acuerdos.

La cuarta cumbre, realizada el pasado jueves, contó con los mismos actores, a quienes se sumaron autoridades del Órgano Judicial y veedores de organismos internacionales. Entre todos suscribieron 12 acuerdos.

Mientras en el primer encuentro primó la necesidad de garantizar que los comicios se realicen sin contratiempos, la reciente cumbre se dio en medio de una profunda crisis económica política y social, con el objetivo de afianzar los compromisos con la democracia y la decisión de cumplir el calendario electoral, que finalizará el 8 de noviembre, con la toma de posesión de las autoridades electas.

De la declaración de febrero, “hasta hoy sólo se aprobó un proyecto de ley, la del (sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) TREP”, reclamó el jueves Óscar Hassenteufel, presidente en funciones del TSE. En lo que se podría considerar un “jalón de orejas” al Legislativo, cuyos directivos se comprometieron en febrero a “blindar” las elecciones con la aprobación de seis un paquete de leyes electorales, el vocal electoral dijo: “a decir verdad, el resto de las leyes
—salvo la referida al debate obligatorio— ya no son necesarias”. 

Desde febrero, las cámaras de Diputados y de Senadores están enfrascadas en pugnas políticas y, en los recientes meses, rige ausentismo de los legisladores, que cumplen agendas político-electorales en sus regiones o fuera del ámbito del hemiciclo.

En febrero, la Asamblea, además de aprobar la norma para la implementación obligatoria del TREP, junto a otro mecanismo de transferencia de recursos que se destinan al fortalecimiento de partidos políticos al sistema, tenía en agenda otros proyectos urgentes. 

En el trayecto quedaron las propuestas de ley sobre el principio de preclusión, la aprobación de un crédito  de 100,9 millones de dólares, provenientes de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

La modificación a la Ley 044 de Juicio de Responsabilidades para incluir a los vocales electorales en sus alcances, así como el compromiso de una ley que garantice la paridad y alternancia en binomios de candidaturas presidenciales; además de la norma para propiciar que los candidatos participen en  debates públicos con carácter obligatorio.

El Ejecutivo, a su vez, se comprometió a la “provisión de recursos económicos suficientes y oportunos para las elecciones nacionales y el voto en el exterior”, que se cumplieron a medias, de acuerdo con Hassenteufel.

“No hemos contado con la provisión de los recursos suficientes y oportunos para el voto de las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior. Llevar adelante el empadronamiento fue una tarea de titanes”, protestó.

El Gobierno, a su turno, explicó que la falta de divisas impidió cumplir acuerdos. Ahora, se anuncia la creación de un comité, compuesto porn el Ejecutivo y el Legislativo, para viabilizar el crédito japonés. Diez por ciento de su monto será para el voto en el exterior.