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A 12 años de la promulgación de la Ley 243, sólo el 3% de denuncias de acoso y/o violencia política contra mujeres llega a sentencia, según el estudio “El acoso y la violencia política en el sistema de justicia penal en Bolivia”, presentado este miércoles en la ciudad de Sucre.

La investigación fue realizada por la Coordinadora de la Mujer, en alianza con el Comité de Género del Órgano Judicial y la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol).

Dicho estudio realizó un análisis de procesos iniciados en la vía penal desde que entró en vigencia la Ley 243 (en 2012) hasta diciembre de 2022. En ese periodo, según datos del Consejo de la Magistratura, se registraron 538 procesos, de los cuales, 6 llegaron a sentencia y 10 a resoluciones ejecutoriadas.

Uno de los primeros casos en contar con sentencia fue el iniciado por la excandidata a gobernadora Felipa Huanca contra el exdiputado y también excandidato a gobernador por La Paz Rafael “Tata” Quispe por el delito de acoso político. En febrero de 2021, este último fue sentenciado a dos años de cárcel por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz.

Cabe precisar que, de 538 casos, 29% corresponde a denuncias de acoso político y el 71% a violencia política. Asimismo, de ellos, 102 denuncias fueron rechazadas, lo que equivale a un 19%.

En cuanto a los principales argumentos de rechazo, los más frecuentes tienen que ver con el hecho de que la investigación no aportó elementos suficientes para una acusación y que las mujeres en situación de violencia proporcionaron información incompleta; por ejemplo, no señalaron de forma clara el domicilio del imputado.

El rechazo tiene que ver también con el poco conocimiento que tienen los operadores de justicia respecto a la Ley 243. “La debilidad en la formación especializada en la Ley 243 que presenta el personal que atiende y procesa las denuncias es una constante en toda la ruta del tratamiento penal de los casos.

Esta situación ocasiona dificultades para identificar indicios suficientes que permitan iniciar una investigación penal; entonces, como la información recabada en la etapa preliminar es limitada, los casos son rechazados”, refiere el estudio, que es parte de un conjunto de investigaciones denominado Colección Mujeres en la Política, impulsada por la Coordinadora de la Mujer, con alianza con Enraíza tus Derechos y el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Denuncias de acoso y/o violencia política a escala nacional, departamental y municipal; la ruta crítica de atención, las medidas de protección, entre otros, son algunos de los acápites contenidos en el estudio, que apunta a identificar los principales obstáculos que atraviesan las mujeres políticas en situación de violencia cuando están en busca de justicia.

Por: Aleja Cuevas