- Economía
- Armin Copa
2/1/2026.- El Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2026 rige en todo el país desde este jueves por disposición constitucional. La ausencia de un consenso en la Asamblea Legislativa Plurinacional impidió la validación del documento antes del cierre del año anterior. Debido a este estancamiento, la normativa enviada por el Ejecutivo adquiere fuerza de ley de manera directa para garantizar la continuidad de las operaciones estatales.
La Constitución Política del Estado otorga un periodo de 60 días al parlamento para el análisis y la votación del proyecto financiero. Al concluir este plazo el 31 de diciembre sin una resolución definitiva, el plan económico del Gobierno central avanza sin modificaciones iniciales. Esta situación se repite por tercera ocasión consecutiva, tras eventos similares ocurridos durante los ciclos fiscales de 2024 y 2025.
El Órgano Ejecutivo proyecta el envío de una propuesta reformulada al Legislativo durante el mes de febrero para introducir ajustes necesarios. Mientras tanto, las instituciones públicas operan bajo los lineamientos del documento original presentado por la administración actual. El inicio del año fiscal queda marcado nuevamente por la distancia política entre los poderes del Estado y la aplicación de mecanismos legales de emergencia.