Desde hace ya 21 días, en Bolivia vivimos una crisis marcada por los bloqueos de carreteras impulsados por Evo Morales y sus seguidores, una medida de presión que impactó severamente al país en términos económicos, sociales y políticos. Analizaré el contexto de estos bloqueos, los efectos en la ciudadanía y el papel de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia como marco legal y de protección de los derechos fundamentales.

Evo Morales a la cabeza de una organización que se autodenomina el estado mayor del pueblo, organizó los bloqueos como una forma de protesta contra la administración de Luis Arce, nuestro actual presidente y exministro de Economía durante su gobierno. Las motivaciones de Morales parecían centradas en una presión política destinada a influir en la toma de decisiones de Arce, incluso a costa de arriesgar la estabilidad del país. Los bloqueos surgieron en medio de acusaciones de corrupción, problemas de gestión económica y diferencias internas en el Movimiento al Socialismo (MAS), partido que ambos destruyen día a día.

Los bloqueos causaron grandes pérdidas económicas, estimadas en alrededor de 200 millones de dólares para el sector exportador, y afectarán gravemente a la logística y al abastecimiento de bienes esenciales. Productos alimenticios, insumos médicos y otros suministros quedaron varados, generando un descontento generalizado entre la población. Empresarios y asociaciones civiles denunciaron que el cierre de carreteras impedía el libre flujo de mercancías, elevando los precios de productos básicos y limitando el acceso de muchos bolivianos a bienes esenciales.

La Constitución Política del Estado garantiza los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, entre los que destacan el derecho a la vida, la integridad física, la seguridad y la libre circulación. Estos derechos, reconocidos en los artículos 13, 21 y 24, establecen que ningún ciudadano debe ser privado de su libertad de movimiento ni de su derecho al bienestar sin una causa justificada y bajo el marco de la legalidad.

Los bloqueos vulneran directamente estos derechos, al limitar el acceso a servicios médicos, especialmente en las áreas rurales donde la falta de medicamentos y suministros médicos es crítica. Además, los cortes de ruta implican una suspensión de facto de la libertad de movimiento, afectando a miles de personas que se ven atrapadas sin medios para llegar a sus destinos. Desde una perspectiva constitucional, estos bloqueos son una forma de coacción que transgrede los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Nuestra Constitución confiere al Estado la responsabilidad de garantizar el orden público y la protección de sus ciudadanos. En el artículo 9, se estipula que el Estado tiene el deber de “garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas”. En este sentido, la respuesta del gobierno de Arce ante los bloqueos fue ambigua hasta hoy, oscilando entre el diálogo y la amenaza de intervención policial, lo que generó un clima de incertidumbre y división en la ciudadanía.

Además, el artículo 136 de la Constitución de Bolivia de 2009 establece que los actos que impiden el funcionamiento de los servicios públicos esenciales pueden ser penalizados, y los bloqueos afectan el acceso a alimentos y atención médica, que son reconocidos como esenciales y cuya interrupción amenaza la paz social. La falta de una respuesta clara y oportuna por parte de las instituciones estatales refuerza el sentimiento de impunidad frente a los organizadores de los bloqueos, lo que produjo duras críticas en los sectores urbanos.

La figura de Evo Morales, un líder indígena que en su momento fue símbolo de la inclusión y la nacionalización de los recursos naturales, ha cambiado considerablemente, sobre todo en ciudades intermedias y ni que decir las capitales de departamento. Su insistencia en ejercer influencia sobre el gobierno de Luis Arce, a través de estas acciones extremas, ha sido vista por politólogos expertos como un intento de preservar su poder e influencia dentro del país, independientemente del costo que esto representa para la población, pero la ciudadanía percibió como una acción para desviar la atención de los procesos en su contra por trata de personas y violación, supuestamente acontecidos a lo largo de su gobierno en varios lugares de nuestra geografía patria y que fueron denunciadas el fin de semana por la secretaria de Género de la Alcaldía de la región central de Cochabamba.

Desde una perspectiva ética y constitucional, la acción de Morales y sus aliados va en contra de los principios de un Estado democrático, donde las diferencias políticas deben ser resueltas mediante el diálogo y los mecanismos institucionales establecidos. Los bloqueos, lejos de consolidar una postura legítima de oposición, han expuesto una fragmentación en el MAS y han suscitado cuestionamientos sobre el respeto de Morales hacia el marco constitucional.

Los 21 días de bloqueos de carreteras representan un momento crítico para la democracia en Bolivia. Nuestra Constitución, como garantía de los derechos fundamentales, se erige como el documento clave para evaluar la legalidad y legitimidad de estos actos. Si bien la Constitución protege el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, este derecho no debe vulnerar los derechos fundamentales de terceros ni poner en riesgo la seguridad y el bienestar de la población.

El Estado tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos y garantizar un equilibrio entre el derecho a la protesta y el orden público. La inacción o ambigüedad en la aplicación de estas garantías puede llevar a un debilitamiento de la confianza en las instituciones democráticas. 

Los seguidores de Evo Morales han rechazado cualquier propuesta de diálogo o tregua y mantienen los bloqueos en Bolivia. Según el último informe de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), permanecen activos 16 bloqueos en distintas rutas del país, afectando principalmente Cochabamba y Santa Cruz.

En conclusión, los bloqueos organizados por Morales no solo han tenido un impacto tangible en la vida cotidiana de los bolivianos, sino que también representan un desafío para el respeto y aplicación de los principios constitucionales en Bolivia. La historia recordará estos días como un momento de tensión en el que se puso a prueba la integridad del Estado Plurinacional y la capacidad de sus líderes para actuar en consonancia con la Constitución y en tal sentido es la obligación del Gobierno cumplir y hacer cumplir las normas establecidas, en todo el país, le guste o no le guste a algún expresidente del país.