• Política
  • Susana Salinas

26/1/2026.- En un movimiento decisivo para frenar la judicialización de los procesos electorales, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, estrenó el “blindaje” legal y constitucional suscrito con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para garantizar las elecciones subnacionales.

En ese contexto, la aprehensión y posterior liberación del juez Michael Quiroga, del municipio de Cuatro Cañadas (Santa Cruz), representa para el ente electoral la consolidación del “blindaje” jurídico, que fue plasmado en un acuerdo de 11 puntos con el TSJ. También, para el TSE, este hecho significa un precedente de defensa del principio de preclusión, enviando un mensaje claro de que no se permitirá que jueces sin competencia territorial o temática alteren el calendario electoral mediante el uso de recursos constitucionales.

A raíz de la denuncia presentada por Ávila, el Ministerio Público investiga a Quiroga por la presunta comisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y la admisión de un recurso que afectaba el principio de preclusión electoral, en el caso de Acción Democrática Nacionalista (ADN), que buscaba restituir su personería jurídica luego de perderla en los comicios generales.
Quiroga también será investigado por presunto prevaricato, debido a que habría ignorado deliberadamente la falta de competencia territorial y electoral.

Ávila, en un reciente discurso aseguró con contundencia que “el sistema democrático no será rehén de intereses particulares”. 

“La ciudadanía espera de nosotros certezas, no conflictos; seguridad jurídica, no contradicciones. Los Órganos del Estado no actuarán bajo ningún tipo de presión ni descalificación”, sentenció Ávila, enviando un mensaje directo a quienes intentan con perjuicio judicializar el proceso para revertir la inhabilitación de candidatos o siglas.

El presidente del ente electoral destacó que el “blindaje” es fruto de una coordinación estrecha con el sistema de justicia para garantizar el principio de preclusión. Este pacto asegura que ninguna decisión judicial posterior pueda alterar o retrasar las etapas ya vencidas del calendario electoral, protegiendo así la estabilidad de los comicios de marzo de 2026.

Con 80 por ciento de los candidatos inhabilitados en una fase inicial y un proceso de sustitución de candidaturas en curso (que vence el 5 de febrero), Ávila calificó estas elecciones como las “más complejas” de la historia reciente debido a su magnitud logística. En este contexto, advirtió que el TSE mantendrá su independencia frente a campañas de desinformación que buscan denostar la integridad del OEP.

El mensaje deja claro que el TSE, respaldado ahora por un acuerdo interinstitucional de protección, actuará con “mano dura” contra cualquier intento de sabotaje jurídico o político que pretenda descarrilar la voluntad popular en las urnas este 22 de marzo, para renovar más de 5,000 cargos a nivel nacional en niveles autónomos de gobierno, a escala departamental, 
municipal y regional.