• Seguridad
  • Micaela Villa

22/9/2025.- Cuenta la leyenda que el Cerro Rico, de la ciudad de Potosí, es una wak’a o espacio sagrado de veneración y es mujer. Su pareja es el Kari Kari, montaña cercana, que a diario la provee de más plata —en forma de chinchillas y otros animales que la visitan— para que no muera pues por más de cinco siglos ha sido explotada y la ambición no termina, pero ¿a qué precio? Datos generales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Potosí dan cuenta de que de enero a la fecha, 91 trabajadores mineros han muerto, pero no sólo en este cerro, sino en todos los socavones aledaños.

Pero, para un cooperativista, que fue testigo presencial de lo que causa este trabajo en interior mina, las muertes se producen casi a diario, pero los ejecutivos de las cooperativas pagan jugosas indemnizaciones a las familias de los fallecidos.

“Son 91 personas que han fallecido en interior mina. Del total, 88 son varones y tres son mujeres. Además, tres aún no eran mayores de edad. Coordinamos con la Fiscalía por reincidencias y para individualizar los datos”, informó Marco Antonio Dávalos, jefe de la fuerza anticrimen potosina.
Según Epifanio Mamani, decano de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Autonoma Tomas Frías, las muertes que produce la actividad extractiva en el Cerro Rico se deben a dos factores: caída de rocas y gases tóxicos.

“Para la voladura de la roca se utilizan químicos y esos químicos producen gases pesados, y si no existe un sistema de ventilación que pueda diluir esos gases, se producen los gases tóxicos. Esos gases se inhalan y son mortales”, explicó el docente universitario.

Por otro lado, cualquier espacio vacío que se genera en la minería no tiene un sistema de sostenimiento, de fortificación,  por eso se producen caídas de los planchones, “porque la mayoría de los que han muerto  ni siquiera eran cooperativistas, eran personas subcontratadas que trabajan bajo contratos”, prosiguió.

Estas personas son, en general, jóvenes y adolescentes de barrios periféricos de la ciudad, y del área rural.

Las cooperativas no aplican las normativas para realizar operaciones mineras, como dotar de equipo adecuado a sus trabajares y un salario mensual, entre otros.

“En el Cerro Rico no hay  eso, la mayoría son personas subcontratadas que, por la falta de oportunidades laborales, buscan ese trabajo”, dijo.

El Decano aseguró, además, que una vez que se produce una muerte, las autoridades no intervienen en la parte procesal para sancionar a las cooperativas mineras, “mientras no suceda esto, los accidentes van a continuar”.

Una nota del periódico El Potosí informó, en agosto pasado, que la Fiscalía abrió 21 procesos en contra los presuntos responsables de las muertes. Hasta 2024 los concesionarios estaban conminados a pagar 24 sueldos a los familiares de la víctima, pero “en la mayoría de los casos los responsables del área acordaban un pago único para las familias, y que en algunos casos, era de 3.000 bolivianos que solamente alcanzaron para los gastos funerarios”, se lee en la nota.

Mamani aseguró esta entrega de dinero “pero que no justifica la real compensación por la pérdida humana”.

Sin embargo, para el cooperativista, quien pidiò mantener su identidad bajo reserva y es testigo directo de los hechos, esta cantidad de dinero es alta, y puede llegar hasta los 50 mil dólares, en algún caso.

“Entrar a la mina y ser testigo de las muertes es para llorar; pero cuando ganas, también es para reír. He visto a dos de mis compañeros morir”, dijo el también actual socio de una de las cooperativas.

“No encontraba trabajo, hasta fue a Santa Cruz. Un amigo me invitó y decidí trabajar como minero, hasta 2023. Es muy complicado, sabes que entras, pero no sabes si vas a salir. Los trabajadores mueren casi a diario, pero no dan conocer todo a la población porque reciben dádivas de las cooperativas”, complementó.

El 11 de diciembre de 1987, el Cerro Rico de Potosí fue declarado Patrimonio cultural de la Humanidad por la Unesco, pero la explotación minera continúa sin pausa.