La reacción de los pobladores de San Julián, quienes encerraron a un fiscal y al jefe policial local en las celdas de ese municipio cruceño, pone dramáticamente de manifiesto la desconfianza que siente la población con respecto a los administradores de justicia.

Los vecinos de la mujer asesinada por su exconcubino creyeron que este sería protegido por la Fiscalía y la Policía, seguramente por algún antecedente, ya sea real o imaginario, y porque tenían la intención de tomar venganza por mano propia.

El hombre, quien comprendió la magnitud de su acción, se declaró culpable y aceptó someterse a proceso abreviado, dado que cualquier otro mecanismo de defensa hubiera tenido el mismo desenlace, pues, de todas maneras, habría sido condenado a 30 años de presidio sin derecho a indulto, como efectivamente sucedió.

Los vecinos de la víctima de este abominable asesinato pueden estar conformes, porque se aplicó en contra de este individuo la pena máxima contemplada en la legislación nacional vigente.

Durante, por lo menos, los próximos 25 años, si es que observa un buen comportamiento durante ese tiempo, el criminal dispondrá de todo el tiempo para reflexionar