La denuncia de comunarios del departamento del Beni es estremecedora, por decir lo menos. El fuego alcanzó a las tierras cultivadas principalmente con yuca, asaí y majo, además de que las llamas causaron la muerte de ejemplares cebuinos, el ganado vacuno por excelencia en esa región. Los pequeños agricultores perdieron gran parte de su producción.
Pero, lo que preocupa profundamente, sin embargo, es la pérdida de preciosos ejemplares de castaños, enormes y longevos árboles de los que caen los cocos en cuyo interior están las vainas que contienen las almendras.
Para nadie es un secreto que la recolección de castaña es la principal actividad económica del norte amazónico del país. Cientos de miles de personas viven de esta labor, principalmente mujeres.
Lo alarmante del caso es que el fuego llegó a los sembradíos de los pequeños campesinos. Se sabe que si estas familias no cosechan los frutos que da la madre tierra, no tendrán ingresos durante el año siguiente y si a ello se suma la quema de los castaños y la consecuente disminución de los ingresos por la producción de almendras, se llegará a la conclusión de que estamos en puertas de un periodo de gravísima hambruna y profunda crisis en la Amazonia beniana, pandina y paceña.
No es un secreto para nadie que la reposición de los árboles no es un proceso inmediato, demora años, tal vez décadas. Las pérdidas por los incendios son cuantiosas y comprometen el futuro.
La denuncia establece que en el departamento del Beni estas quemas criminales, porque eso son, fueron iniciadas principalmente en las grandes propiedades privadas para habilitar nuevos espacios para la siembra a escala agroindustrial. Como siempre, los vulnerables, los débiles, quienes no tienen una voz para defenderlos, son los perjudicados directos por un sistema perverso.
Si quedan ociosas las plantas beneficiadoras de castaña asentadas en los municipios de Riberalta y Guayaramerín, nada bueno ocurrirá con sus trabajadores, con los recolectores, con sus familias, con la región y con el país.
Es necesario sancionar a quienes promueven estas quemas y prohibirlas definitivamente en Bolivia, bajo sanciones severísimas.