Administrar la ciudad de La Paz es una tarea que no admite ni siquiera el menor parpadeo. Lo ocurrido entre la noche del martes y la madrugada del miércoles es la mejor demostración de lo afirmado. Una intensa lluvia que se prolongó durante unas nueve horas causó alarma en varios puntos de la urbe.
Las emergencias, felizmente, no fueron significativas en la zona Sur, pero se volvió a poner en evidencia que vivir en la urbanización Santa Cecilia, de Bajo Llojeta, es algo muy parecido a un martirio.
Aunque a diferencia de lo ocurrido el pasado 23 de noviembre, no hubo fallecidos, los daños materiales sufridos por los vecinos volvieron a ser considerables. Una familia perdió todo el producto del trabajo que desarrolló durante un año. Seguramente, nadie responderá por semejante calamidad.
El desastre, que se cobró una vida y causó un enorme daño económico a las familias asentadas en ese sector, tuvo lugar hace aproximadamente 45 días, periodo durante el que la Alcaldía de La Paz no logró resolver la causa del problema y las autoridades ediles de Achocalla, quienes presuntamente autorizaron el movimiento de tierras en un cementerio aledaño, ni siquiera enviaron una cuadrilla de obreros con palas y picos para trabajar en un sector que reclaman como perteneciente a su jurisdicción.
Entretanto, el principal ejecutivo de la inmobiliaria involucrada en el caso se encuentra en Perú, donde se defiende de una detención preventiva con fines de extradición pues sobre él pesa una imputación fiscal por haber presuntamente incurrido en varios delitos.
Todos parecen interesados en demostrar que son inocentes de la tragedia y dan la impresión de que hacen poco para atender a las verdaderas víctimas de la avalancha de lodo y piedras que arrasó esa zona: los vecinos que perdieron todo o casi todo.
Mientras tanto, lo que es peor, no se ha disipado la amenaza de lluvias y es probable que se produzcan nuevas e intensas precipitaciones.
Es imprescindible que todos los protagonistas de este caso den apoyo decidido a los vecinos asentados en ese lugar, independientemente de que tengan o no documentos de propiedad sobre las viviendas que ocupan. Después, habrá que investigar el origen de ese asentamiento y sancionar a quienes lo propiciaron.